Colombia lleva cuatro años acostumbrándose a lo inaceptable. Y eso es lo más grave de cuánto reveló esta semana Angie Rodríguez. La que fue la mano derecha más
Colombia lleva cuatro años acostumbrándose a lo inaceptable. Y eso es lo más grave de cuánto reveló esta semana Angie Rodríguez.
La que fue la mano derecha más poderosa de la Casa de Nariño describió en entrevista pública lo que denominó un juego de poder y dinero que "los tiene enceguecidos". Habló de una red organizada. De espías dentro de las propias entidades. De funcionarios que "miran cómo exprimir el gobierno" porque saben que no habrá continuidad. No lo dijo un opositor. No lo dijo un analista desde afuera. Lo dijo quien estuvo adentro. Quien conoció los pasillos, las reuniones, los nombres y los métodos.
Rodríguez señaló que Juliana Guerrero —quien no tiene ningún cargo formal en el gobierno— maneja el Fondo Colombia en Paz y el Dapre, y que Carlos Carrillo, director de la UNGRD, habría instalado un espía dentro de su propia entidad para grabarla, fotografiarla y traficar información en su contra.
De Guerrero dijo que presuntamente se "ufanaba de tener vínculos con el Eln" y que "se mueve en las sombras del poder". De paso, reveló que fue Guerrero quien habría envenenado la relación del presidente con la vicepresidenta Francia Márquez, con el objetivo de quedarse con el Ministerio de la Igualdad.
Rodríguez aseguró que teme por su vida. Que o la quieren matar o la quieren llevar presa. Que hay más de veinte personas interesadas en sacarla del gobierno a como dé lugar. Y mientras decía todo esto ante las cámaras, ninguno de los señalados intentó ponerse en contacto con ella. El silencio de los acusados fue la única respuesta.
El problema no es Angie Rodríguez. El problema es que Colombia escuchó todo eso y siguió girando.
Hay una estrategia implícita en el desorden perpetuo: la saturación como forma de impunidad. Cuando los escándalos se acumulan sin pausa —el caso UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, los chats de la DIAN, los pasaportes de Leyva, las chuzadas, y ahora el corazón mismo del Dapre— el ciudadano termina por capitular. No por indolencia. Por agotamiento. La indignación tiene un límite fisiológico, y quienes manejan el poder lo saben. El escándalo que no sorprende, no moviliza. El que no moviliza no tiene consecuencias. Y sin consecuencias, el ciclo se repite.
Lo que describe Rodríguez no es un conflicto de egos entre funcionarios. Es la radiografía de un poder sin centro visible: una joven activista sin título verificado que, según la exdirectora del Dapre, terminó controlando entidades del Estado, imponiendo directores y condicionando decisiones presidenciales desde las sombras. Eso tiene un nombre en la ciencia política. Se llama poder informal. Y es, históricamente, la forma más difícil de rastrear y la más eficaz de ejercer.
Las revelaciones de Rodríguez muestran a un presidente que confía cada vez más en un círculo pequeño y cerrado. Un presidente que, según su propia exasesora de más alto rango, no supo —o no quiso— ver lo que ocurría a centímetros de su despacho. Esa es la pregunta que Colombia debería estar haciéndose con más fuerza: no solo quién corrompe, sino quién permite que ocurra.
A pocos días de la primera vuelta presidencial, el escándalo Rodríguez no es una anécdota de fin de gobierno. Es la evidencia de que el "cambio" terminó reproduciendo la misma gramática del poder que prometió erradicar: el manejo informal de las decisiones, la lealtad como moneda de ascenso, y el silencio como condición de permanencia.
Lo verdaderamente inquietante no es que esto haya ocurrido. Es que Colombia está aprendiendo a convivir con ello sin pestañear. Cuando una sociedad pierde la capacidad de asombro ante lo intolerable, no es que haya madurado políticamente. Es que algo esencial en el contrato democrático se ha roto.