La política presidencial deja avances limitados, violencia desigual y grupos armados fortalecidos, planteando retos críticos para el próximo mandatario.
La política presidencial deja avances limitados, violencia desigual y grupos armados fortalecidos, planteando retos críticos para el próximo mandatario.
La Paz Total del gobierno de Gustavo Petro nació como una apuesta ambiciosa para cerrar múltiples conflictos simultáneamente, combinando negociaciones políticas con sometimiento a la justicia de estructuras criminales. Dos años después, su balance muestra avances parciales, pero también profundas limitaciones estructurales.
El objetivo central era reducir la violencia, avanzar en acuerdos con actores armados y recuperar control territorial. Para ello, la Ley 2272 de 2022 habilitó diálogos diferenciados: políticos con guerrillas y sociojurídicos con organizaciones criminales, una arquitectura novedosa pero compleja.
En términos operativos, se instalaron tres mesas de negociación, se declararon cinco ceses al fuego —dos vigentes— y se firmaron 33 acuerdos. Sin embargo, varias mesas atraviesan crisis, fragmentaciones internas y rupturas recurrentes que han frenado avances sustantivos.
El caso del Eln y del Estado Mayor Central (EMC) evidencia esta fragilidad. Ambas negociaciones han sufrido congelamientos, divisiones internas y desacuerdos sobre compromisos básicos, como el secuestro o el alcance territorial de los diálogos, lo que limita resultados concretos.
Más crítico aún ha sido el frente urbano y criminal. Los diálogos con estructuras como las de Buenaventura o Quibdó avanzan lentamente y en condiciones precarias, mientras otros grupos como el Clan del Golfo han presionado violentamente para ser incluidos.
Violencia: alivio parcial, deterioro territorial
La evidencia muestra que la violencia no aumentó de forma generalizada por la Paz Total, pero tampoco disminuyó de manera sostenida. Se registran reducciones en algunos indicadores, como homicidios, pero aumentos en otros más sensibles para la población.
Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la tasa de homicidios muestra una leve reducción, con proyecciones cercanas a 13.500–13.800 casos anuales, niveles similares a 2023, Sin embargo, esta mejora no refleja menor control armado en los territorios más afectados.
En contraste, delitos como extorsión, secuestro y amenazas han aumentado, junto con acciones armadas como retenes ilegales, hostigamientos e incursiones. Estos fenómenos reflejan un cambio en las dinámicas del conflicto hacia formas de control social más intensas.
El desplazamiento forzado también evidencia tensiones. Aunque hubo una leve reducción frente al pico de 2022, regiones como el norte del Cauca registraron incrementos extremos, incluso superiores al 1.900% en algunos casos, ligados a disputas territoriales.
La violencia contra líderes sociales sigue siendo crítica: 323 asesinatos entre agosto de 2022 y junio de 2024, lo que confirma que la protección territorial sigue siendo una deuda estructural del Estado.
Grupos armados: expansión y fortalecimiento
Uno de los efectos más preocupantes es el fortalecimiento de los grupos armados. Lejos de debilitarse, estas estructuras han crecido en número, capacidad militar y control territorial durante la implementación de la política.
Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en 2025 los grupos armados alcanzaron 27.121 integrantes, tras sumar cerca de 5.000 nuevos miembros, un crecimiento del 23,5% en un solo año.
Además, las disputas entre organizaciones se intensificaron. Los enfrentamientos aumentaron un 34% y hoy existen 13 zonas activas de conflicto, casi el doble que al inicio del Gobierno, lo que agrava la crisis humanitaria.
Regiones como Catatumbo, Cauca, Nariño, Arauca y el Bajo Cauca concentran estas tensiones. Allí confluyen Eln, disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia y estructuras criminales, en pugna por economías ilícitas como narcotráfico y minería ilegal.
Pares señala que estos actores no solo buscan rentas ilegales. También pretenden legitimidad política, control social y territorial, e incluso incidencia en procesos electorales y comunitarios, lo que complica cualquier negociación tradicional.
¿Se cumplió la Paz Total?
El balance de Pares sugiere que el objetivo de pacificación integral no se cumplió. Si bien hubo alivios humanitarios puntuales —especialmente en zonas con ceses al fuego—, la política no logró contener la expansión ni la capacidad de los grupos armados.
Uno de los principales problemas ha sido la falta de una ruta clara. El informe de Pares advierte que la Paz Total carece de un plan estructurado que permita anticipar riesgos, coordinar estrategias y evaluar impactos de manera consistente.
También influyeron incentivos no deseados. La diferenciación entre negociación política y sometimiento llevó a que grupos criminales buscaran “politizarse” para acceder a beneficios, intensificando su control territorial y su violencia contra comunidades.
Lo que viene: herencias y retos
El próximo Gobierno recibirá un escenario más complejo: grupos más grandes, territorios más disputados y una institucionalidad con dificultades para recuperar control efectivo. La seguridad arranca en 2026 con señales claras de deterioro.
La principal tarea será redefinir la estrategia. Esto implica combinar negociación con presión estatal efectiva, mejorar inteligencia territorial y atacar las economías ilegales que sostienen a los grupos, algo que hasta ahora ha sido insuficiente.
También será clave ordenar la política de paz: establecer prioridades, definir qué actores son negociables y bajo qué condiciones, y evitar la dispersión de mesas que hoy supera la capacidad institucional del Estado.
En síntesis, la Paz Total deja una paradoja: abrió canales de diálogo inéditos, pero no logró frenar la dinámica del conflicto. Más que cerrar la guerra, la reorganizó, trasladando el desafío al próximo Gobierno.