A tres meses del cambio de poder en Miraflores, tras la salida de Nicolás Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, el balance económico
La inflación se mantiene como el principal obstáculo para consolidar cualquier recuperación.
A tres meses del cambio de poder en Miraflores, tras la salida de Nicolás Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, el balance económico de Venezuela revela un escenario dual: avances visibles en el frente petrolero y persistentes fragilidades en la economía cotidiana. La inflación, lejos de ceder, se mantiene como el principal obstáculo para consolidar cualquier recuperación.
El giro más evidente del nuevo gobierno ha estado en el sector energético. La reforma a la Ley de Hidrocarburos marca un quiebre con el modelo de la última década, al abrir espacios a la inversión y permitir mecanismos como el arbitraje internacional, largamente demandados por actores externos. En un contexto de precios del crudo al alza —cercanos a los 90 dólares por barril— y con el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, el petróleo vuelve a posicionarse como motor de crecimiento.
Sin embargo, ese impulso no se traduce de manera uniforme en el resto de la economía. Como advierte el economista José Guerra, el dinamismo sigue concentrado en sectores específicos, mientras el tejido productivo no petrolero permanece débil. La razón es estructural: salarios bajos y una demanda interna deprimida que limitan la expansión del comercio, la manufactura y la construcción.
Algunos sectores muestran señales de movimiento, como el financiero o el farmacéutico, pero incluso estos avances están condicionados por distorsiones. En el caso del sistema financiero, el crecimiento de la cartera de crédito está atado al tipo de cambio, lo que implica que su expansión responde más a la depreciación del bolívar que a un fortalecimiento real del crédito.
En este contexto, la inflación aparece como el gran factor desestabilizador. Guerra la define como el “talón de Aquiles” de la actual política económica, señalando que la economía venezolana sigue “desanclada”, es decir, sin un mecanismo claro que estabilice los precios. La inflación se mueve al ritmo del tipo de cambio, y este, a su vez, responde a una dinámica compleja donde coexisten múltiples referencias: la tasa oficial del Banco Central, la de subastas y el mercado paralelo.
Los datos son elocuentes. Solo en marzo, el bolívar se depreció 13%, mientras la variación anual supera el 500%. Esta volatilidad erosiona el poder adquisitivo, distorsiona los precios y dificulta cualquier planificación económica, tanto para empresas como para hogares.
Detrás de este comportamiento hay una tensión de política económica. Aunque existen condiciones que, en teoría, permitirían estabilizar el tipo de cambio —mayor ingreso de divisas por petróleo y una contracción de la liquidez en bolívares—, la devaluación persiste. Para Guerra, esto responde a una estrategia deliberada del Banco Central orientada a aumentar los ingresos fiscales y cerrar el déficit, aun a costa de alimentar el ciclo inflacionario.
Este dilema refleja una contradicción de fondo: mientras el Gobierno impulsa reformas para atraer inversión y generar confianza, la inestabilidad cambiaria socava esos esfuerzos. Sin control de la inflación, cualquier crecimiento corre el riesgo de ser transitorio y concentrado.
La lectura de Asdrúbal Oliveros aporta otra capa al análisis. Su tesis de la “economía de las olas” sugiere que la recuperación venezolana no será homogénea, sino segmentada y progresiva. En esa lógica, el sector petrolero lidera la primera ola, con efectos inmediatos sobre actividades conexas como logística y servicios industriales.
Le siguen sectores que reaccionan a mejoras mínimas en la previsibilidad, como servicios empresariales e inmobiliarios, mientras el comercio experimenta una recomposición más lenta, marcada por un consumidor más restringido. Más rezagadas quedan la manufactura y la construcción, que dependen de condiciones aún ausentes: crédito, financiamiento y estabilidad institucional.
En este esquema, la inflación no solo es un problema macroeconómico, sino un factor que condiciona la velocidad y profundidad de cada “ola”. Sin un ancla de precios, la recuperación tiende a fragmentarse y a excluir a amplios sectores de la población.
El balance de estos tres meses confirma esa dinámica. Hay señales de mejora en expectativas, mayor flujo de divisas y un entorno internacional más favorable. Pero también persisten distorsiones estructurales: volatilidad cambiaria, debilidad institucional, limitaciones en infraestructura y un mercado laboral que no logra absorber a la población en condiciones dignas.
El reto para la administración de Rodríguez es, por tanto, doble. Por un lado, consolidar las reformas que han reactivado el sector petrolero y atraer inversión sostenida. Por otro, enfrentar los desequilibrios internos que impiden que ese crecimiento se traduzca en bienestar general.
La inflación se ubica en el centro de ese desafío. Sin una estrategia clara para estabilizar el tipo de cambio, fortalecer la confianza en la moneda y recuperar el poder adquisitivo, cualquier avance será parcial. En una economía donde los precios siguen marcando el ritmo, la transición política aún no se traduce en estabilidad económica.
Tres meses después del cambio en Miraflores, la dirección parece trazada, pero el camino sigue lleno de incertidumbres. El crecimiento está en marcha, pero su sostenibilidad dependerá de resolver, primero, el problema que sigue sin respuesta: la inflación.