La calificación soberana que S&P acaba de asignarle al país no existía desde el año en que se apagaron las luces, Pablo Escobar fue abatido y los embalses llega
La calificación soberana que S&P acaba de asignarle al país no existía desde el año en que se apagaron las luces, Pablo Escobar fue abatido y los embalses llegaron al 28%. No es coincidencia. Es un patrón.
Hay años que funcionan como espejos. La década de los 90 es una de ellas. Colombia cerraba 1992 con la luz racionada, las ciudades más peligrosas del mundo y una deuda soberana que las calificadoras apenas comenzaban a registrar.
Más de treinta años después, S&P acaba de devolver al país a esa misma coordenada crediticia. El espejo no miente. La pregunta es si alguien tiene la voluntad de mirarse en él.
Este no es un ejercicio nostálgico. Es un ejercicio de diagnóstico. Porque los países no caen por accidente: caen cuando las mismas causas estructurales —fiscales, energéticas, de seguridad— se repiten sin que nadie haya aprendido la lección anterior.
I. La luz que se fue (y puede volver a irse)
Entre 1992 y 1993, buena parte del país pasó meses con racionamientos de energía. Se venía presentando un fuerte fenómeno de El Niño que dejó casi sin agua al sistema interconectado, a lo que se sumó el mal mantenimiento de las centrales térmicas, problemas financieros de las empresas eléctricas y los retrasos en la construcción de la hidroeléctrica de El Guavio.
El racionamiento fue de hasta 9 horas diarias en Bogotá y duró 11 meses. La “hora Gaviria” —adelantar los relojes del país una hora entera para aprovechar la luz del sol— fue la medida más surrealista que un gobierno colombiano haya tomado en tiempos de paz. El costo económico fue de entre 2 y 2,5 puntos del PIB.
Lo que siguió al apagón fue transformador. Las leyes 142 y 143 garantizaron que el regulador fuera técnico e independiente, alejando las decisiones de la pasión política. Se creó la CREG, la UPME y el cargo por confiabilidad. Colombia construyó en treinta años uno de los sistemas eléctricos más confiables de América Latina.
Y ahora está desmantelando lo que construyó.
Según XM, en 2021 ingresó solo el 7% de la energía esperada al sistema; en 2022, el 28%; en 2023, el 17%; en 2024, el 25%; y a finales de 2025, apenas el 8,5% de lo previsto.
A esto se suman señales de política pública que han desincentivado nuevas plantas térmicas e hidráulicas, cuando el sector debe guiarse por criterios técnicos y no ideológicos.
En 2025, el déficit proyectado de energía firme supera los 1.300 GWh. Si nada cambia, la brecha podría alcanzar más de 3.100 GWh en 2027.
Colombia exportaba gas natural por USD 150 millones en 2012, pero para 2025 pasó a importarlo, con un gasto anual que ronda los USD 750 millones. Del país que vendía energía al país que la mendiga: ese es el trayecto recorrido en un solo gobierno.
La diferencia con 1993 es técnica, pero relevante. Los embalses están hoy en niveles razonables gracias a las lluvias. La vulnerabilidad se agrava porque en 2025 solo entró en operación el 10,8% de los 3.517 MW esperados, es decir, apenas 380 MW.
A esto se suma una deuda del sector con los comercializadores que supera los $7 billones y una deuda del gobierno por subsidios que supera los $3,6 billones.
En 1993 el problema fue el clima. En 2026, el problema es la política. Eso es más difícil de resolver.
Juan Carlos Echeverry lo anticipó en Acento con exactitud quirúrgica cuando habló del costo de energía: Colombia paga hoy un 60% más que México por el kilovatio. Esa brecha no se cierra con paneles solares instalados al 8,5% del ritmo prometido.
II. La sangre que no cesa
En 1993, Bogotá registró una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 1991, Colombia alcanzó su tasa histórica máxima: 79 homicidios por 100.000 habitantes a nivel nacional. Medellín ese año era la ciudad más violenta del mundo con 381 por cada 100.000. Pablo Escobar fue abatido en diciembre de ese año. Los carteles se fragmentaron. La violencia, lejos de disminuir, se ramificó.
Colombia del 2026 no tiene a Pablo Escobar. Tiene algo más difícil de atacar: un ecosistema criminal distribuido, financiado por el narcotráfico más productivo de su historia, y un gobierno que intentó negociar con todos al mismo tiempo y terminó fortaleciéndolos a todos.
Para mediados de 2025 había alrededor de 25.278 miembros de grupos armados en Colombia, entre Clan del Golfo, Eln y disidencias de las Farc, con un crecimiento del orden del 15% desde finales de 2024. El número total de combatientes es significativamente mayor que al inicio de la administración actual, con un aumento del 45% desde 2022.
El desplazamiento forzado aumentó un 85%, en buena medida por la crisis del Catatumbo, que obligó a 92.000 personas a abandonar sus hogares. El secuestro aumentó 133%, ahora es una práctica más urbana, con más actores involucrados y en la que predomina la modalidad extorsiva.
Los homicidios, paradójicamente, muestran solo un incremento del 3%. Esa cifra es engañosa: en muchas regiones, la reducción de asesinatos no refleja menos poder armado, sino estrategias criminales más silenciosas para no afectar sus economías ilegales. Los grupos aprendieron que matar atrae atención. Controlar sin matar es más rentable.
La diferencia estructural con 1993 es esta: entonces el Estado combatía a los actores armados. Hoy negoció con ellos, les dio tiempo y espacio para reorganizarse, y los vio crecer. La Paz Total como política no fracasó por falta de buenas intenciones. Fracasó porque confundió el cese de hostilidades con el fin de las causas. El narcotráfico sigue financiando todo. El crecimiento de la economía ilegal del narcotráfico sigue siendo la principal fuente de financiación para los grupos armados, lo que les permite fortalecerse, reclutar, adquirir armas y aumentar sus capacidades para generar violencia.
III. El déficit como constante histórica
Aquí está el hilo que une los tres frentes: fiscal, energético y de seguridad.
En 1993, Colombia salía de una reforma constitucional costosa, un sector eléctrico quebrado y un Estado que financiaba la guerra contra los carteles sin disciplina presupuestal. El resultado fue una calificación soberana que S&P apenas acababa de emitir por primera vez en la historia del país.
Treinta y tres años después, S&P rebajó la calificación de Colombia de BB a BB-, la primera vez desde 1993 que el país cae a esta nota. El gobierno suspendió la regla fiscal, proyecta un déficit del 5,1% del PIB, una deuda bruta rozando el 65% y paga esa deuda a tasas cercanas al 13%.
Echeverry lo dijo en Acento con la autoridad de quien vivió ambas épocas desde adentro: el gobierno de Samper entregó un déficit del 7,7% del PIB. Pastrana lo recibió. Echeverry estuvo en el equipo que tuvo que recortar, ajustar y estabilizar en medio de la crisis más dura del siglo XX colombiano. “Hoy veo patrones similares”, dijo. No como advertencia retórica. Como diagnóstico clínico.
El próximo gobierno heredará un déficit estructural, un sector energético sin margen de maniobra, grupos armados fortalecidos y una calificación crediticia que tardará años —no meses— en recuperarse. Fitch Ratings estimó que Colombia necesitaría al menos tres o cuatro años para recuperar el grado de inversión.
Lo que se repite
La última fila es la más importante. En 1993, la crisis energética fue precedida por años de advertencias de los ingenieros del sector que nadie en el gobierno quiso escuchar.
La crisis fiscal fue el producto de una reforma constitucional sin fuente de financiamiento. La violencia fue el resultado de años de permisividad con el narcotráfico disfrazada de pragmatismo.
Colombia tiene hoy más instituciones, más experiencia y más herramientas que en 1993. Tiene también un gobierno que no las ha usado y que entregará el poder en agosto con todas las alarmas encendidas.
La calificación BB- de S&P no es el regreso a 1993. Es la señal de que Colombia repite los mismos errores estructurales que en aquella época: decisiones fiscales irresponsables, desinversión energética y un Estado que negoció su autoridad con quienes deberían temerle.
El próximo gobierno no hereda una hoja en blanco. Hereda una hoja llena de cuentas pendientes. Y el tiempo para pagarlas es más corto de lo que cualquier candidato admite en campaña.