Colombia llega a 44 días de la primera vuelta presidencial con una pregunta que ninguna democracia debería tener que hacerse: ¿están a salvo sus candidatos?
Colombia llega a 44 días de la primera vuelta presidencial con una pregunta que ninguna democracia debería tener que hacerse: ¿están a salvo sus candidatos?
Esta semana la respuesta generó alarma. El expresidente Álvaro Uribe encendió la alerta máxima al denunciar, con nombre propio, un presunto plan de los cabecillas del Eln, Pablito Arauca y Antonio García, para atentar contra la vida de Paloma Valencia. No es retórica. Es una denuncia con destinatarios precisos, respaldada horas después por la solidaridad formal del Departamento de Estado de Estados Unidos, que advirtió consecuencias "terribles" si algún candidato es atacado.
Abelardo de la Espriella tampoco está a salvo. Una corona fúnebre con su nombre circuló en las mismas redes que ya habían amenazado a Valencia. La misma página. El mismo método. El mismo objetivo: sembrar miedo en quienes disputan el poder en las urnas.
Condenamos ambas amenazas sin matices. La violencia política no tiene ideología que la justifique.
Pero hay un hecho que esta semana no puede borrarse con declaraciones institucionales: Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, fue asesinado en Bogotá durante un acto de campaña. Murió por sus ideas. Murió por participar. Su sangre es el dato más brutal de esta contienda, y su nombre debería estar en el centro de cualquier debate sobre las condiciones en que Colombia va a elegir a su próximo presidente.
Que el presidente Gustavo Petro no haya emitido una sola palabra ante las amenazas contra Valencia y De la Espriella —candidatos de la oposición— no es una omisión menor. Es un dato político de primera categoría. Los ministerios del Interior y de Defensa respondieron. El presidente, no. En una democracia funcional, el jefe del Estado es el garante primario del proceso electoral, no un espectador selectivo.
Que Iván Cepeda, en medio de estas graves denuncias, haya salido a anunciar que él también ha recibido amenazas merece registro periodístico y el mismo rechazo unánime. Toda amenaza es repudiable. Pero Cepeda sabe —y el país sabe— que sus interlocutores históricos en los procesos de paz son los mismos actores hoy señalados de planear magnicidios contra sus contradictores electorales. Esa coincidencia no es menor. Tampoco es un argumento que pueda saldarse con un comunicado.
Colombia no puede llegar al 31 de mayo con candidatos vivos por inercia o por suerte. La democracia no se defiende sola. Se defiende con instituciones que actúan, con un presidente que habla cuando debe hablar, y con una sociedad que exige que la contienda electoral se dirima en las urnas. No en las calles. No en los cementerios.