El accidente del C-130 Hércules FAC 1016, ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, no solo abrió interrogantes operativos sobre la seguridad aérea
La revelación de la Contraloría es contundente, pues apenas el 19% de las aeronaves están aseguradas.
El accidente del C-130 Hércules FAC 1016, ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, no solo abrió interrogantes operativos sobre la seguridad aérea militar en Colombia. También dejó al descubierto una falla más profunda: la debilidad estructural en la gestión del riesgo dentro del sector defensa. La revelación de la Contraloría General de la República —según la cual apenas el 19% de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana están aseguradas— convierte un hecho puntual en un síntoma de alcance sistémico.
El dato es contundente. En un entorno donde el riesgo es inherente a las operaciones, la ausencia de pólizas implica que el Estado asume de forma directa los costos de cualquier siniestro. No se trata únicamente de pérdidas materiales, sino de eventuales indemnizaciones, reparaciones y responsabilidades asociadas. En otras palabras, la falta de aseguramiento no es solo un problema técnico, sino una exposición fiscal que puede impactar el patrimonio público.
El caso del FAC 1016 ilustra esa vulnerabilidad. La aeronave no contaba con seguro vigente, lo que limita la cobertura ante daños y deja en una zona gris la protección económica de sus tripulantes y sus familias. Este vacío no solo plantea interrogantes administrativos, sino también éticos, en la medida en que quienes asumen riesgos operacionales lo hacen sin garantías claras de respaldo en caso de tragedia.
Pero el problema va más allá de una omisión puntual. La Contraloría advierte que el bajo nivel de aseguramiento responde a fallas en la política pública del sector. Entre ellas, una inadecuada valoración del riesgo: se subestiman las amenazas en aeronaves desplegadas en zonas de alta exposición —como regiones con presencia de actores armados o condiciones geográficas complejas— y, al mismo tiempo, se sobreestima en unidades con menor probabilidad de siniestro. Este desbalance no solo distorsiona la asignación de recursos, sino que reduce la eficacia de cualquier esquema de cobertura.
A esto se suma un factor estructural: la forma en que se distribuye el presupuesto de defensa. Aunque ha habido incrementos en los últimos años, la mayor parte de los recursos se destina al funcionamiento —salarios, operación, sostenimiento— y no a la inversión. Esto limita la capacidad de modernizar equipos, fortalecer el mantenimiento y, en consecuencia, implementar estrategias robustas de mitigación del riesgo.
El resultado es un círculo problemático: activos envejecidos, mantenimiento insuficiente y cobertura limitada frente a contingencias. Incluso con una leve recuperación en la inversión durante 2026, el rezago acumulado sigue siendo significativo. La advertencia de la Contraloría es clara: sin una planeación de largo plazo, la seguridad operativa y la protección de los activos seguirán comprometidas.
En este contexto, el aseguramiento debería funcionar como una herramienta básica de gestión financiera del riesgo. Sin embargo, en la práctica, aparece relegado frente a otras prioridades presupuestales. Esto sugiere una visión de corto plazo que privilegia la operación inmediata sobre la sostenibilidad del sistema.
Las implicaciones van más allá del sector defensa. La ausencia de cobertura adecuada puede traducirse en presiones adicionales sobre las finanzas públicas, especialmente en un escenario donde ya existen riesgos estructurales como el alto pasivo pensional de la Fuerza Pública, que podría superar los 140 billones de pesos. En ese contexto, cada contingencia no cubierta amplifica la vulnerabilidad fiscal.
Las recomendaciones del ente de control apuntan precisamente a corregir estas distorsiones: fortalecer las políticas de aseguramiento, ajustar los modelos de valoración del riesgo y aumentar de manera sostenida la inversión en mantenimiento, modernización e innovación tecnológica. Pero el desafío no es únicamente técnico, sino político y presupuestal.
La discusión de fondo es qué tan preparado está el Estado para gestionar riesgos en un sector donde estos no son excepcionales, sino permanentes. El aseguramiento, en este sentido, no debería ser visto como un gasto adicional, sino como una inversión en estabilidad fiscal y en protección institucional.
El mensaje de la Contraloría es, en esencia, una advertencia preventiva. La gestión del riesgo en defensa no puede depender de decisiones fragmentadas o reactivas. Requiere una estrategia integral que articule presupuesto, operación y cobertura.
El accidente del Hércules no solo dejó pérdidas materiales y preguntas operativas. También evidenció una brecha en la forma en que el país protege sus activos estratégicos y a su personal. Y en esa brecha, el verdadero riesgo no es solo volar sin seguro, sino administrar sin previsión.