La elección de Camilo Umaña como miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) para el periodo 2027-2032 fue celebrada por el Gob
El colombiano llega a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU.
La elección de Camilo Umaña como miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) para el periodo 2027-2032 fue celebrada por el Gobierno colombiano como un triunfo diplomático. Sin embargo, más allá del logro en el escenario multilateral, el episodio dejó al descubierto una tensión de fondo entre el discurso político interno y la rigurosidad técnica que exige la política global de drogas.
El presidente Gustavo Petro no solo destacó la llegada de un colombiano a este organismo clave de Naciones Unidas, sino que vinculó su nombramiento con la posibilidad de proyectar la postura del país en materia de drogas. En ese mismo mensaje, anunció una reducción de 4.000 hectáreas de cultivos de coca en 2025, cifra que presentó como un indicador de éxito de su política. No obstante, la respuesta de Umaña fue tan directa como reveladora: “No tengo la menor idea de esa cifra ni sé si alguien la verificó”.
La declaración no es menor. Proviene de quien integrará un órgano cuya función central es, precisamente, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre drogas, lo que incluye el análisis de datos y tendencias. Su escepticismo frente a una cifra oficial expone una fractura entre la narrativa gubernamental y los estándares de verificación.
Más aún, Umaña marcó distancia desde el primer momento frente a cualquier intento de instrumentalización política de su elección. Aseguró que no ha tenido comunicación con el presidente Petro, ni antes ni después de su designación, y subrayó que su rol será “estricta y totalmente independiente”.
El trasfondo de esta tensión es la disputa por la legitimidad de las cifras y metodologías. En Colombia, la medición de cultivos ilícitos ha sido históricamente un terreno de controversia, especialmente en la relación con Estados Unidos y organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Umaña, sin alinearse con ninguna postura, insistió en la necesidad de metodologías robustas, adaptables y basadas en evidencia, en un escenario cada vez más complejo por la diversificación del narcotráfico.
En ese sentido, su diagnóstico apunta a un cambio estructural del problema: hoy, la principal amenaza ya no son únicamente los cultivos tradicionales como la coca, sino el auge de las drogas sintéticas. Estas, explicó, tienen una capacidad de innovación molecular que desafía los mecanismos de control existentes y exige respuestas más ágiles por parte de la comunidad internacional.
Este giro en el fenómeno también pone en entredicho la centralidad del debate sobre hectáreas erradicadas o sembradas, que ha dominado la política antidrogas durante décadas. Si el mercado ilícito evoluciona hacia sustancias más difíciles de rastrear y producir, las métricas tradicionales pierden peso como indicadores de éxito.
A nivel interno, el análisis de Umaña es igualmente crítico. Rechaza la idea de justificar la violencia en los territorios como un “periodo de transición” hacia un nuevo modelo de política de drogas. Por el contrario, advierte que cualquier estrategia que incremente la desprotección de la vida o deteriore los indicadores de derechos humanos debe ser replanteada. En su visión, el narcotráfico sigue siendo un “combustible” central de los conflictos armados en Colombia, una realidad que conecta con las conclusiones de la Comisión de la Verdad.
Este enfoque introduce un elemento clave: la política de drogas no puede evaluarse únicamente en términos de incautaciones o erradicación, sino también por su impacto en la seguridad, la inclusión social y la estabilidad territorial. En regiones con alta vulnerabilidad, señala, la persistencia de economías ilícitas está estrechamente ligada a la ausencia de oportunidades.
En el plano internacional, el desafío no es menor. La eventual reactivación de políticas más duras desde potencias como Estados Unidos, junto con propuestas extremas como la pena de muerte para narcotraficantes, tensiona aún más el sistema multilateral. Frente a ello, Umaña apuesta por el fortalecimiento de la cooperación entre Estados y por una interpretación de los tratados que esté alineada con los derechos humanos.
Su llegada a la JIFE, en ese contexto, no representa una extensión automática de la política del Gobierno colombiano, sino la incorporación de una voz técnica en un escenario global atravesado por intereses geopolíticos diversos. La distancia que ha marcado frente al discurso oficial no implica una ruptura, pero sí establece un límite claro: en materia de drogas, la credibilidad internacional depende menos de los anuncios políticos y más de la solidez de la evidencia.