Plantea cuatro frentes: la superación de la desigualdad, la atención a las dinámicas de violencia, la respuesta a la crisis ambiental y el avance de la reforma
Plantea cuatro frentes: la superación de la desigualdad, la atención a las dinámicas de violencia, la respuesta a la crisis ambiental y el avance de la reforma rural integral.
A pocas semanas de las elecciones presidenciales, la Defensoría del Pueblo puso sobre la mesa un documento que busca incidir en la agenda del próximo mandatario: una serie de decisiones “impostergables” en materia de derechos humanos que, según la entidad, no pueden seguir aplazándose si se quiere avanzar en la consolidación del Estado Social de Derecho en Colombia.
El informe, presentado como una agenda estratégica dirigida a las campañas presidenciales, recoge hallazgos derivados del seguimiento territorial que realiza la institución y plantea cuatro grandes frentes de acción: la superación de la desigualdad estructural, la atención a las persistentes dinámicas de violencia, la respuesta a la crisis ambiental y el avance de la reforma rural integral.
Para la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se trata de un conjunto de “mínimas e ineludibles exigencias” que deberían estar presentes en cualquier programa de gobierno. Más allá de las diferencias ideológicas entre candidatos, la funcionaria insistió en que el país enfrenta problemas estructurales que no pueden quedar por fuera del debate electoral.
Uno de los principales ejes del documento es la desigualdad, considerada por la Defensoría como uno de los mayores obstáculos para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Según el diagnóstico, esta brecha se manifiesta con mayor intensidad en zonas rurales y en comunidades históricamente excluidas, como pueblos étnicos, mujeres, jóvenes y personas en condición de vulnerabilidad.
La entidad advierte que las políticas públicas deben superar el enfoque asistencialista y avanzar hacia estrategias que permitan la autosuficiencia económica de los hogares. En ese sentido, plantea la necesidad de articular los programas de transferencias monetarias con iniciativas productivas y de inclusión laboral que reduzcan la dependencia de ayudas estatales.
El informe señala dificultades persistentes en el acceso a medicamentos, así como un aumento sostenido de las acciones de tutela relacionadas con el sistema de salud. En educación, la Defensoría alerta que cerca del 12% de la población en edad escolar se encuentra por fuera del sistema educativo y que persisten marcadas diferencias entre zonas rurales y urbanas.
Estas desigualdades, además, se conectan con otros fenómenos sociales. La falta de oportunidades educativas y laborales, advierte la entidad, puede aumentar el riesgo de que niños y adolescentes sean reclutados por grupos armados ilegales.
El documento también pone especial atención en el racismo estructural y la discriminación contra pueblos étnicos, así como en la violencia basada en género. En el caso de las mujeres, la Defensoría describe una situación crítica, con más de 130.000 casos de violencia reportados en un año. Para enfrentar este panorama, la entidad plantea la necesidad de impulsar políticas de paridad y fortalecer la autonomía económica femenina.
A esto se suma un llamado a adoptar políticas públicas con enfoque de ciclo de vida. La institución advierte, por ejemplo, sobre los altos niveles de desempleo juvenil, el deterioro de la salud mental entre jóvenes y las brechas que enfrentan las personas mayores para acceder a pensiones y servicios de cuidado.
El segundo eje del informe se centra en la persistencia de la violencia armada en diversas regiones del país, pese a la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Según la Defensoría, en varios territorios continúan registrándose desplazamientos, confinamientos y otras afectaciones humanitarias que comprometen los derechos de la población civil.
En este contexto, Marín recordó que el cumplimiento del Acuerdo de Paz es una obligación constitucional para los gobiernos que sucedieron a su firma. Aunque reconoció que el balance de su implementación es “agridulce”, insistió en que este instrumento sigue siendo una herramienta fundamental para reducir la violencia y promover el desarrollo territorial.
La entidad también plantea que las políticas de seguridad deben articularse con un enfoque de derechos humanos, priorizando la protección de la población civil.
El tercer eje aborda la dimensión ambiental de los derechos humanos. La Defensoría advierte que la degradación de los ecosistemas, el avance de economías ilegales y los efectos del cambio climático están comprometiendo derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud y la vida digna.
Finalmente, el informe destaca la necesidad de avanzar en la reforma rural integral como una condición clave para reducir la desigualdad. Entre las prioridades se mencionan el acceso a la tierra, la implementación del catastro multipropósito, el desarrollo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las políticas de sustitución de cultivos ilícitos.
Más que una lista de promesas, la agenda presentada por la entidad pretende establecer un mínimo común en materia de derechos humanos para el próximo gobierno. La advertencia de fondo es clara: posponer estas decisiones prolonga las vulneraciones existentes, y compromete la estabilidad institucional del país.