Colombia enfrenta una policrisis con riesgos energéticos, climáticos y fiscales simultáneos, donde la falta de anticipación puede agravar impactos económicos, s
Colombia enfrenta una policrisis con riesgos energéticos, climáticos y fiscales simultáneos, donde la falta de anticipación puede agravar impactos económicos, sociales y productivos.
Por Cecilia Arango
El país no está enfrentando un solo riesgo, sino varios al mismo tiempo. Ese es precisamente el problema. Cuando coinciden crisis económicas, energéticas, climáticas y sociales, dejan de ser manejables por separado y terminan desbordando la capacidad de respuesta del Estado.
A eso se le denomina policrisis. Y Colombia está entrando en ese terreno. Hoy ese riesgo se materializa con mayor claridad en el frente energético, donde confluyen factores climáticos, operativos y financieros que presionan la estabilidad del sistema.
El país no enfrenta un apagón inevitable, pero sí un riesgo creciente que ya no admite demora. El Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos advierte una alta probabilidad de un fenómeno de El Niño significativo, mientras operadores como XM y el Consejo Nacional de Operación alertan sobre presión en la oferta.
La ecuación es clara: menos agua, restricciones en gas y proyectos que no llegan a tiempo. Ignorar esa combinación no es prudencia, es apostar a que el sistema resista sin garantías en un escenario cada vez más exigente.
El respaldo debería venir de la generación térmica, pero también enfrenta fragilidades: limitaciones en gas, presiones sobre el carbón y una capacidad que no siempre responde con rapidez ante contingencias. Las renovables avanzan, pero aún no tienen escala suficiente.
A esto se suma un factor financiero crítico: las deudas del Gobierno con el sector eléctrico se acercan a los $10 billones, debilitando la capacidad de respuesta de toda la cadena energética en momentos de mayor estrés.
Durante el fenómeno de El Niño 2023–2024, la generación térmica a carbón aportó hasta el 18% de la electricidad diaria, demostrando su papel en momentos críticos. Depender de un respaldo frágil deja de ser un riesgo técnico.
No es un escenario hipotético. Colombia ya conoce el costo de subestimar su sistema energético. El apagón de 1992 implicó pérdidas cercanas a 3 puntos del PIB y afectaciones productivas por más de 33 millones de dólares semanales.
El episodio de 2015–2016 tuvo un impacto cercano al 0,6% del PIB, confirmando que los choques energéticos tienen efectos macroeconómicos persistentes que trascienden el corto plazo y afectan la confianza económica.
En 2024, una de las sequías más severas en décadas redujo niveles del río Magdalena, afectó transporte y abastecimiento, y golpeó al agro: más de 100.000 hectáreas afectadas y pérdidas millonarias en distintas regiones del país.
Estos precedentes muestran que los riesgos no son nuevos, pero sí más intensos. Hoy el sistema enfrenta mayor presión y menor margen de maniobra para responder a choques simultáneos de distinta naturaleza.
Un aumento de 1 a 2 grados eleva la demanda de energía, reduce la disponibilidad de agua y multiplica incendios. Algunos escenarios proyectan hasta 2,5 grados, intensificando la presión sobre todos los sistemas productivos.
La demanda energética sigue creciendo y no podrá cubrirse solo con la capacidad actual ni con proyectos en desarrollo. Se requieren nuevas fuentes firmes de generación que garanticen estabilidad en escenarios adversos.
Esto dejó de ser una discusión de largo plazo. Es una decisión que llega tarde y que exige respuestas coordinadas entre el sector público, privado y los territorios para evitar impactos mayores.
La anticipación no es exclusiva del Gobierno. También compromete a empresas, hogares y regiones. Sin embargo, es en el Ejecutivo donde se define el desenlace de una crisis que puede escalar rápidamente.
El problema no es la falta de información. Colombia ha enfrentado El Niño antes. El problema ha sido la respuesta: fragmentada, tardía y reactiva, incapaz de articular soluciones estructurales.
La policrisis no perdona esa forma de gobernar. Anticiparse implica articular clima, energía, salud y abastecimiento; activar planes territoriales y proteger infraestructura crítica con coordinación efectiva entre instituciones.
Cuando las crisis convergen, los costos se multiplican. Y en ese contexto, el mayor riesgo no es el fenómeno climático en sí mismo, sino la incapacidad de anticiparse y responder con oportunidad.