La FLIP advirtió que las denuncias responden a un patrón más amplio que también involucra a otras instituciones del sector mediático.
La FLIP advirtió que las denuncias responden a un patrón más amplio que también involucra a otras instituciones del sector mediático.
Las recientes denuncias de periodistas colombianas por presunto acoso sexual contra figuras reconocidas de la televisión nacional reabrieron un debate incómodo que durante años permaneció oculto en las redacciones del país. Lo que inicialmente parecía un escándalo puntual terminó revelando un problema estructural que atraviesa al periodismo: la violencia de género dentro de los propios espacios de trabajo.
Las acusaciones contra Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, dos de los rostros más visibles de Noticias Caracol, marcaron un punto de inflexión. Ambos presentadores salieron del canal tras hacerse públicas las denuncias, en una decisión que la empresa adoptó en medio de una creciente presión pública. Aunque los implicados han defendido su conducta y sostienen que las acusaciones deberán esclarecerse en otros escenarios, el impacto ya se siente en toda la industria.
El propio presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba, reconoció públicamente que el poder dentro de las organizaciones puede confundirse con permiso y pidió disculpas. Además, anunció la creación de una comisión externa encabezada por la jurista Catalina Botero para investigar lo ocurrido. El gesto refleja que, al menos en apariencia, algo comienza a cambiar en una industria acostumbrada a manejar estos conflictos en privado.
Sin embargo, los casos recientes no son aislados. Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han advertido que las denuncias responden a un patrón más amplio que también involucra a otras instituciones del sector mediático. Uno de los nombres señalados es el del gerente de RTVC, Hollman Morris, quien enfrenta acusaciones por hechos ocurridos en 2019 cuando era concejal de Bogotá.
Un fenómeno estructural
Las cifras muestran que el problema trasciende los casos mediáticos. Un estudio de la campaña “No Es Hora de Callar”, impulsada por la periodista Jineth Bedoya Lima junto con el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, reveló que seis de cada diez mujeres periodistas en Colombia han sufrido algún tipo de violencia de género en su lugar de trabajo.
El informe indica que el 79,3% de las agresiones proviene de personas con cargos superiores y que más de la mitad de los casos involucra a compañeros del mismo entorno laboral. Es decir, no se trata de ataques externos o de presiones de fuentes, sino de dinámicas internas dentro de los medios.
Según el estudio, el 37% de las periodistas afectadas decidió abandonar su trabajo, otro porcentaje similar dejó de consultar fuentes clave y cerca de una cuarta parte abandonó investigaciones para evitar el contacto con sus agresores. Para los investigadores, esas decisiones representan una pérdida directa para la calidad del debate público.
El fenómeno también ha sido documentado por el dosier “Periodistas Sin Acoso”, elaborado por la Fundación Karisma y la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. El informe concluyó que el 67% de las comunicadoras del país ha enfrentado acoso sexual durante su ejercicio profesional, lo que evidencia un entorno laboral hostil que las termina expulsando del oficio.
Lo que ocurre en Colombia forma parte de una tendencia más amplia en América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, advierte que la violencia sexual contra periodistas funciona como una barrera que limita la participación de las mujeres en el periodismo y reduce su acceso a cargos directivos.
Un estudio de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe encontró que el 57% de los medios en la región carece de protocolos para atender denuncias de acoso. Además, casi la mitad de los agresores ocupa posiciones jerárquicas altas, lo que contribuye a que más de la mitad de los casos quede en la impunidad.
La reacción del Estado
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ordenó inspecciones laborales en Caracol Televisión y anunció revisiones en otros medios tras recibir denuncias similares. Al mismo tiempo, la Fiscalía abrió una indagación de oficio para recopilar testimonios y evaluar posibles responsabilidades penales.
Paralelamente, el Gobierno busca fortalecer programas de prevención como “No Es Hora de Callar”, con el objetivo de capacitar a funcionarios públicos y operadores de justicia para evitar que las víctimas sean revictimizadas durante los procesos.
La Sentencia T‑140 de 2021 de la Corte Constitucional de Colombia ordenó a las empresas implementar políticas para prevenir el acoso laboral con enfoque de género. Además, el país ratificó el Convenio 190 de la OIT, que obliga a garantizar entornos laborales libres de violencia.
El problema, coinciden investigadores y organizaciones de prensa, es que esas normas rara vez se aplican de forma efectiva dentro de los medios.
Durante años, el acoso sexual en el periodismo se mantuvo como un secreto a voces. Hoy, las denuncias y las cifras sugieren que el silencio comienza a romperse.