La llamada Ley de Competencias, presentada por el Gobierno a última hora de las sesiones ordinarias del Congreso el 15 de diciembre de 2025, se perfila como una
El texto es fruto de una negociación compleja que buscó equilibrar intereses políticos y restricciones fiscales.
La llamada Ley de Competencias, presentada por el Gobierno a última hora de las sesiones ordinarias del Congreso el 15 de diciembre de 2025, se perfila como una de las reformas estructurales más ambiciosas del cuatrienio del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, su futuro inmediato parece menos prometedor que el entusiasmo con el que fue anunciada, y todo apunta a que será el próximo Congreso el que decida su destino.
El proyecto busca reglamentar el Acto Legislativo 03 de 2024, una reforma clave que redefine la distribución del Sistema General de Participaciones, es decir, los recursos que la Nación transfiere a las regiones. Esta iniciativa logró un respaldo político poco común, al sumar apoyos tanto del oficialismo como de sectores de oposición, unidos por el interés compartido de fortalecer financieramente a alcaldías y gobernaciones.
Desde el Ejecutivo, el mensaje fue contundente. El ministro del Interior, Armando Benedetti, la calificó como “la más importante en décadas para avanzar hacia una sociedad más equitativa”, subrayando que el 80% de los recursos se destinaría a educación, salud y saneamiento básico. En la misma línea, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la iniciativa como un paso hacia la dignificación territorial, al dotar a los municipios de herramientas reales para su sostenibilidad.
Más allá del discurso político, el Gobierno ha insistido en que no se trata simplemente de una ley de recursos, sino de una reorganización del poder territorial. Así lo explicó el viceministro del Interior, Jaime Luis Berdugo Pérez, quien destacó que el objetivo es clarificar responsabilidades entre la Nación y las entidades territoriales, alineando competencias con capacidades institucionales y fuentes de financiación.
El diagnóstico que sustenta la iniciativa no es menor: durante años, Colombia ha asignado funciones a los territorios sin garantizarles los recursos ni las capacidades necesarias para cumplirlas.
La propuesta intenta corregir ese desbalance mediante un modelo más coherente, resultado de más de 150 sesiones de trabajo entre entidades del Gobierno, academia, gremios y representantes territoriales. Según sus promotores, el texto es fruto de una negociación compleja que buscó equilibrar intereses políticos y restricciones fiscales.
No obstante, el optimismo inicial ha chocado con la realidad política. El calendario legislativo y electoral juega en contra del proyecto. Con elecciones al Congreso y a la Presidencia en 2026, las prioridades del Legislativo han comenzado a reconfigurarse, relegando iniciativas que, aunque estructurales, no ofrecen réditos políticos inmediatos.
Además, el trámite de la ley exige un proceso deliberativo amplio. Antes de su primer debate, deben realizarse al menos siete audiencias públicas en distintas regiones del país, un requisito que, en la práctica, reduce aún más las probabilidades de que avance dentro de los tiempos actuales. Como advirtió el representante Juan Carlos Losada, el tiempo se ha convertido en el principal obstáculo.
Si el proyecto no logra superar al menos un debate antes del 16 de junio, se hundirá por trámite, obligando al próximo Gobierno a retomarlo desde cero. En ese escenario, la Ley de Competencias pasaría a integrar el paquete de reformas estructurales que heredará la siguiente administración, junto con una eventual reforma tributaria.
En cuanto a su contenido, la iniciativa establece con precisión las funciones de la Nación y de las entidades territoriales en sectores clave como salud, educación y agua potable. Introduce, además, principios para orientar la descentralización y mecanismos de coordinación interinstitucional. Uno de sus elementos más innovadores es el enfoque de descentralización asimétrica, que reconoce las diferencias en capacidades entre territorios y propone soluciones diferenciadas.
También contempla esquemas de asociación entre entidades territoriales, con el fin de enfrentar problemáticas que superan los límites administrativos tradicionales, una apuesta por la cooperación regional en lugar de la fragmentación.
En síntesis, la Ley de Competencias representa un intento serio por corregir fallas históricas en el modelo territorial colombiano. No obstante, su viabilidad ya no depende tanto de su contenido técnico como de las dinámicas políticas que marcarán el relevo del poder en 2026. Así, una reforma concebida para fortalecer las regiones podría terminar, al menos por ahora, en el limbo legislativo, a la espera de un nuevo contexto político que le permita ver la luz.