La aprobación de la Ley de Amnistía impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez fue presentada como un paso hacia la reconciliación nacional tras décadas de co
La implementación abrió un nuevo capítulo de controversia sobre la independencia judicial y el respeto a las garantías procesales.
La aprobación de la Ley de Amnistía impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez fue presentada como un paso hacia la reconciliación nacional tras décadas de confrontación política en Venezuela. Sin embargo, a poco más de un mes de su entrada en vigencia, la aplicación de la norma parece haberse convertido en un proceso confuso, marcado por trabas administrativas, decisiones judiciales poco transparentes y cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.
La legislación, aprobada el 19 de febrero de 2026, buscaba sanar las heridas derivadas de la violencia política registrada entre 1999 y 2026. Pero la expectativa de una liberación rápida de presos por motivos políticos se ha visto frustrada. Según organizaciones como Foro Penal, más de 600 personas consideradas presos políticos continúan detenidas, mientras que a otras se les negó el beneficio sin explicaciones judiciales claras.
La falta de información pública ha agravado la incertidumbre. El gobierno aseguró que 8.084 personas obtuvieron la libertad plena bajo el amparo de la ley. No obstante, la ausencia de un listado oficial con los nombres de los beneficiarios ha generado dudas sobre el alcance real de esas excarcelaciones.
El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada del seguimiento de la norma, afirmó que de las personas liberadas 7.782 quedaron bajo medidas cautelares y 302 permanecían detenidas en centros de reclusión al momento del balance presentado en marzo.
Las dudas sobre la transparencia del proceso también fueron señaladas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, que valoró positivamente la aprobación de la ley pero criticó la falta de información sobre quiénes fueron realmente liberados y en qué condiciones.
Un laberinto judicial
Más allá de las cifras oficiales, abogados y organizaciones civiles describen un proceso lleno de obstáculos para familiares y defensores de detenidos.
En teoría, la ley permite que los solicitantes presenten directamente la solicitud ante los tribunales. En la práctica, el trámite se ha convertido en un recorrido burocrático. Tras consignar la solicitud, los familiares deben esperar al menos 15 días por una respuesta que en muchos casos nunca llega.
Investigaciones periodísticas han documentado decenas de casos de negación del beneficio sin justificación formal. Uno de los más conocidos fue el de la periodista Nakary Mena y su esposo Gianni González, cuya solicitud fue inicialmente rechazada a pesar de cumplir con los requisitos de la ley. Solo después de una apelación obtuvieron la libertad plena.
Roland García, coordinador de la organización Fundehullan, sostiene que la amnistía se está aplicando bajo una lógica política.
Según el abogado, los tribunales utilizan figuras penales como la “instigación al odio” o la “asociación para delinquir” para excluir a personas detenidas en protestas, aun cuando esas conductas no están expresamente contempladas entre las excepciones de la ley.
Centralización judicial
En regiones como Mérida, abogados del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes han denunciado obstáculos administrativos que dificultan incluso la presentación de solicitudes.
Según Iván Toro, coordinador legal de la organización, algunos tribunales se niegan a recibir documentos cuando el abogado defensor no está previamente juramentado en el expediente, pese a que la ley permite la intervención de nuevos representantes legales.
En otros casos ocurre una paradoja burocrática: los tribunales remiten a los solicitantes a la Fiscalía para tramitar la amnistía, mientras que la Fiscalía asegura que no tiene competencia para recibir esas solicitudes, dejando a muchos solicitantes atrapados en un circuito administrativo sin salida clara.
A ello se suma la denuncia de que varios tribunales regionales estarían esperando directrices desde Caracas antes de firmar boletas de excarcelación, lo que ha paralizado procesos.
El problema del debido proceso
Otro de los aspectos más cuestionados es la falta de fundamentación en las decisiones judiciales. Según abogados defensores, en numerosos casos los tribunales entregan únicamente boletas de libertad o de negación del beneficio sin explicar las razones jurídicas que sustentan la decisión.
Esa omisión tiene consecuencias procesales importantes. Sin una fundamentación escrita, los abogados no pueden elaborar adecuadamente los recursos de apelación.
De acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, las defensas cuentan con cinco días hábiles para apelar una decisión judicial. Sin embargo, si el tribunal no entrega la motivación de su fallo, el recurso pierde efectividad.
Para juristas y organizaciones de derechos humanos, esta práctica podría constituir una violación del derecho al debido proceso y del principio de no arbitrariedad consagrado en la Constitución.
En teoría, la Ley de Amnistía buscaba cerrar un ciclo de confrontación política. En la práctica, su implementación parece haber abierto un nuevo capítulo de controversia sobre la independencia judicial y el respeto a las garantías procesales en Venezuela.