Tras eliminar subsidios, el Gobierno baja precios en campaña, luego anuncia alzas y nueva fórmula para ACPM, reabriendo dudas sobre coherencia fiscal.
Tras eliminar subsidios, el Gobierno baja precios en campaña, luego anuncia alzas y nueva fórmula para ACPM, reabriendo dudas sobre coherencia fiscal.
La política de combustibles del gobierno de Gustavo Petro parece moverse entre la disciplina fiscal y los tiempos políticos, en una secuencia de decisiones que hoy despierta más preguntas que certezas.
Cuando llegó al poder, el Ejecutivo defendió la necesidad de desmontar gradualmente los subsidios a la gasolina para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
El ajuste era inevitable, en esencia. El FEPC acumulaba un hueco fiscal considerable que presionaba las finanzas públicas y distorsionaba los precios internos frente a los internacionales.
Durante meses, el precio de la gasolina subió de manera sostenida, en una estrategia orientada a cerrar esa brecha y recuperar el equilibrio del fondo.
Sin embargo, el giro reciente ha llamado la atención. En plena antesala electoral, el Gobierno decidió reducir el precio de la gasolina durante dos meses consecutivos (enero y febrero).
La señal fue leída como un alivio para los consumidores, pero también como un movimiento difícil de conciliar con la narrativa de disciplina fiscal que había marcado el inicio del mandato.
De la disciplina al alivio
El propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el FEPC podría llegar a equilibrio en 2026, tras el ajuste aplicado a los combustibles.
En ese contexto, la reducción de hasta 500 pesos en el precio de la gasolina generó interrogantes sobre la consistencia de la política adoptada.
Para algunos analistas, la medida responde más a una lógica coyuntural que a un cambio estructural en la estrategia de precios.
La coincidencia con el calendario electoral refuerza la percepción de que el alivio temporal podría tener un componente político, en medio de la necesidad de mejorar el ánimo de los consumidores.
No obstante, el propio Gobierno anunció que en marzo se retomarán los incrementos, en línea con la evolución de los precios internacionales del petróleo.
De hecho, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) confirmó aumentos entre 100 y 400 pesos, llevando el galón de gasolina a un promedio de 15.449 pesos.
El nuevo frente: el ACPM
El foco ahora se traslada al ACPM, donde el Gobierno prepara un cambio estructural en la metodología de fijación de precios.
El Ministerio de Minas y Energía propuso calcular el ingreso al productor con base en precios internacionales, mediante promedios semanales.
La fórmula establece que el precio no podrá estar por debajo de la paridad internacional ni por encima del costo de importación, buscando un equilibrio entre mercado y sostenibilidad fiscal.
Según el ministro de Minas, Edwin Palma, el objetivo es dar transparencia al sistema y alinear los precios con la realidad global.
La iniciativa también incluye mayores obligaciones de publicación para los agentes del mercado, con el fin de reforzar la trazabilidad y el control sobre la formación de precios.
¿Coherencia o contradicción?
Sin embargo, el cambio en el ACPM revela una tensión de fondo en la política de combustibles del Gobierno.
Mientras se avanzó en desmontar subsidios a la gasolina, el diésel ha permanecido como el principal foco de presión fiscal dentro del sistema.
Expertos advierten que la sostenibilidad del FEPC depende ahora, en gran medida, de lo que ocurra con el ACPM.
Si el Gobierno decide cerrar la brecha con los precios internacionales, implicaría nuevos aumentos que podrían trasladarse a costos de transporte y alimentos.
En caso contrario, el subsidio se mantendría y el fondo volvería a enfrentar presiones fiscales, especialmente en un entorno de volatilidad externa.
Otros señalan que subsidiar el diésel en el contexto actual resulta regresivo y poco coherente con la situación fiscal del país.
Una señal en disputa
La secuencia reciente —subir, bajar y volver a subir— deja abierta la discusión sobre la consistencia de la política económica.
Para el Gobierno, se trata de ajustes dentro de una estrategia más amplia que busca equilibrar sostenibilidad fiscal y protección al consumidor.
Para los críticos, en cambio, los movimientos responden a una lógica política que introduce ruido en una variable clave para la economía.
En el fondo, la discusión no es solo sobre precios, sino sobre credibilidad y reglas de juego en un sector altamente sensible.
La nueva metodología para el ACPM podría aportar mayor transparencia, pero también obligará a enfrentar decisiones difíciles en materia de subsidios.
En un contexto electoral, cada ajuste en el precio de los combustibles deja de ser únicamente técnico y pasa a ser parte del pulso político.