Tras décadas de conflicto armado interno, Colombia enfrenta un fenómeno que preocupa a organismos internacionales: miles de exmilitares, expolicías y civiles es
Los colombianos han terminado involucrados en conflictos de seguridad en países como el Congo, Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen.
Tras décadas de conflicto armado interno, Colombia enfrenta un fenómeno que preocupa a organismos internacionales: miles de exmilitares, expolicías y civiles están siendo reclutados para participar en conflictos armados o actividades de seguridad en otros países. La tendencia, que mezcla promesas de altos salarios, vacíos regulatorios y redes internacionales de reclutamiento, está consolidando un mercado creciente de mercenarios.
Un informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de Organización de las Naciones Unidas (ONU), divulgado tras su primera visita oficial al país, revela que más de 10.000 colombianos han sido reclutados en los últimos 11 años para participar en operaciones militares o de seguridad en el extranjero. Es la primera vez que una instancia internacional ofrece una cifra aproximada sobre la magnitud del fenómeno.
Los colombianos han terminado involucrados en conflictos o misiones de seguridad en países tan diversos como la República Democrática del Congo, Federación de Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen. Pero el fenómeno no se limita a escenarios de guerra formal. Según la presidenta del grupo de trabajo, Michelle Small, también existen reportes de colombianos contratados para operaciones vinculadas al crimen organizado en países de América Latina, especialmente en México y Brasil.
El prestigio militar que alimenta el mercado
Una de las principales razones por las que los colombianos son demandados en este mercado internacional es su experiencia en combate. Tras más de seis décadas de conflicto armado interno, el país cuenta con miles de militares retirados o reservistas con entrenamiento en contrainsurgencia, inteligencia y operaciones especiales.
Ese capital humano se ha convertido en un activo altamente valorado en el mercado global de seguridad privada y mercenarismo. Según el informe, el perfil predominante de los reclutados corresponde a exintegrantes de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, aunque también se han documentado casos de civiles sin experiencia militar.
La situación se ve agravada por factores económicos. Muchos exuniformados enfrentan dificultades para reintegrarse al mercado laboral civil y reciben pensiones o ingresos que resultan significativamente menores frente a las ofertas que circulan en el mercado internacional.
Mientras un exmilitar puede recibir menos de 500 dólares mensuales tras su retiro, los reclutadores prometen salarios que oscilan entre 2.000 y 6.000 dólares al mes, una diferencia que resulta difícil de ignorar en contextos de desempleo o inestabilidad económica.
Reclutamiento con engaños
Sin embargo, no todos los casos responden a contrataciones transparentes. El informe advierte sobre el crecimiento de lo que denomina “reclutamiento depredador”: ofertas laborales engañosas que terminan involucrando a los trabajadores en conflictos armados o actividades ilegales.
Según el grupo de expertos de la ONU, muchos colombianos firman contratos poco claros, redactados en idiomas que no comprenden o sin especificaciones sobre las funciones reales que deberán desempeñar. En algunos casos, esas condiciones derivan en explotación laboral o incluso en situaciones cercanas a la trata de personas.
Las redes sociales se han convertido en una de las principales herramientas de captación. Plataformas como Facebook, Instagram, Telegram, TikTok o WhatsApp son utilizadas por intermediarios para ofrecer supuestos trabajos de seguridad con altos salarios en el extranjero.
Cuando los reclutados viajan, muchas veces sus familias desconocen su paradero. De acuerdo con el informe, más de 600 familias colombianas se han organizado para buscar información sobre sus parientes, algunos de los cuales murieron en misiones en el exterior.
Casos que encendieron las alarmas
El fenómeno comenzó a recibir atención internacional tras el asesinato del presidente de Jovenel Moïse en Haití en 2021, crimen en el que participaron varios exmilitares colombianos. Más recientemente, seis colombianos fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.
Estos episodios expusieron el alcance global de las redes de reclutamiento y la participación de colombianos en operaciones que van desde seguridad privada hasta actividades criminales.
El informe también señala debilidades estructurales en el control estatal del sector de seguridad privada. En Colombia existen más de 1.351 empresas registradas, que emplean a alrededor de 400.000 personas, pero también operan numerosas compañías informales.
Aunque el país ratificó recientemente la convención internacional contra el mercenarismo mediante la Ley 2569, los expertos de la ONU consideran que aún se requiere mayor coordinación institucional para prevenir el reclutamiento irregular y controlar las operaciones transnacionales de seguridad privada.
Las conclusiones finales del informe serán presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2026. Mientras tanto, el fenómeno deja una paradoja inquietante: un país que durante décadas exportó soldados para su propia guerra ahora se enfrenta a la realidad de estar exportando combatientes al resto del mundo.