Hace unos días conversé con él ahora presidente de Banco de Bogotá, el exministro y expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. En esa conversación para n
Hace unos días conversé con el ahora presidente de Banco de Bogotá, el exministro y expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. En esa conversación para nuestro programa de TV soltó varias frases y hay una que merece quedarse en letras grandes: “La economía no crece. Se crea. Todos los días. Las Coca-Colas de mañana no se han vendido hoy.” Es la antítesis perfecta de lo que hace el Decreto 173 de 2026.
El impuesto al patrimonio empresarial no grava las ganancias. Grava la acumulación. Grava la decisión de invertir, de construir, de quedarse. En un país donde la formación bruta de capital cayó del 24% al 16% del PIB en una década, gravar el patrimonio no es política fiscal. Es un mensaje: aquí crear economía tiene castigo.
Echeverry lo dijo con claridad en estas páginas: la están asfixiando entre todos. No hay un solo culpable. Hay doce. Pero el Decreto 173 agrega uno más a la lista. Y lo hace en el peor momento posible, con un déficit del 5,1% del PIB, una deuda que roza el 65% y una tasa de desempleo que no cede. Lo que Colombia necesita es nueva economía, no más presión sobre la que queda en pie.
El problema adicional es institucional. El Congreso ya rechazó estas mismas medidas en la Ley de Financiamiento. El Ejecutivo las reintrodujo por la vía de emergencia, invocando las inundaciones en Córdoba. La conexidad entre esa crisis hídrica y el patrimonio de una empresa en Barranquilla o Medellín no existe jurídicamente. Y cuando el derecho no sostiene una medida, la Corte Constitucional tiene el deber de actuar.
El 1º de abril no es solo una fecha de cobro. Es la fecha en que se sabrá si en Colombia las instituciones funcionan o si el poder de excepción no tiene límites reales. Acento no defiende empresas. Defiende la lógica: antes de subir impuestos, hay que agotar la austeridad. Antes de confiscar patrimonio, hay que demostrar la conexidad. Antes del decreto, el Congreso.
La Corte tiene esta semana la oportunidad de enviar una señal que el país necesita con urgencia: que crear economía en Colombia vale la pena.