La política de austeridad del Gobierno vuelve a quedar en entredicho tras una nueva controversia por contratación estatal. Esta vez, el foco está en la Cancille
Según la denuncia, al menos 28 contratos tendrían como objeto el cumplimiento de la política exterior en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
La política de austeridad del Gobierno vuelve a quedar en entredicho tras una nueva controversia por contratación estatal. Esta vez, el foco está en la Cancillería, donde en apenas seis meses, entre agosto de 2025 y enero de 2026, se firmaron más de 1.000 contratos de prestación de servicios por un valor cercano a los 83.742 millones de pesos, según denunció la Asociación Diplomática y Consular de Colombia.
La alerta no solo está en el volumen, sino en el momento. De acuerdo con la solicitud enviada a la Procuraduría, el pico se registró en enero de 2026, cuando se suscribieron 785 contratos que superan los 77.000 millones de pesos, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. En términos políticos, ese dato es clave: la norma busca limitar la contratación pública en periodos preelectorales para evitar su uso con fines proselitistas.
El caso abre interrogantes sobre la coherencia entre el discurso oficial y la ejecución presupuestal. Mientras la canciller Rosa Villavicencio ha advertido sobre una crisis financiera en la entidad y la necesidad de medidas de austeridad, las cifras reflejan una intensificación del gasto en asesorías y servicios externos.
El detalle de algunos contratos alimenta las dudas. Entre los señalados aparecen dos convenios por 253 millones de pesos cada uno para asesorías jurídicas en la Dirección de Talento Humano, pese a que la Cancillería cuenta con dependencias internas para esas funciones. También se cuestiona un contrato por 215 millones otorgado a Claudia Marisol Moreno, esposa del representante Heráclito Landínez, para posicionar la imagen del país en temas de sostenibilidad y transición energética.
A esto se suma la posible duplicidad de funciones. Según la denuncia, al menos 28 contratos tendrían como objeto el cumplimiento de la política exterior en derechos humanos y derecho internacional humanitario, tareas que ya hacen parte de las responsabilidades de funcionarios de planta. En la Academia Diplomática, el panorama es similar: cerca de 84 contratos para actividades consideradas rutinarias, que antes se realizaban con recursos internos.
El contraste más llamativo está en las prioridades. Mientras se multiplican los contratos en áreas de asesoría, dependencias clave como la Dirección de Asuntos Consulares —responsable de la atención a colombianos en el exterior y de procesos logísticos como las elecciones— apenas registraron tres contratos en el mismo periodo.
Este episodio no es aislado. Hace parte de un patrón más amplio de cuestionamientos a la contratación del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Solo en enero de 2026, se firmaron más de 85.000 contratos por un valor cercano a los 5,1 billones de pesos, lo que equivale a un promedio de 3.100 contratos diarios. La magnitud de estas cifras ha llevado a algunos sectores a hablar de una “avalancha” de contrataciones exprés.
Las críticas han sido amplificadas por dirigentes políticos como Daniel Briceño, quien cuestionó la coexistencia de un discurso de crisis fiscal con un alto ritmo de contratación.
Otras entidades
En paralelo, otras denuncias han puesto la lupa sobre posibles conflictos de interés en distintas entidades del Gobierno.
Uno de los casos más recientes involucra a la ministra de Cultura, Yannai Kadamani. Las críticas surgieron tras conocerse que su hermano y su madre han sido beneficiarios de contratos con el Estado. El señalamiento fue impulsado por el candidato Germán Ricaurte y retomado por congresistas como Andrés Forero y Jennifer Pedraza.
Según la información divulgada, la madre de la ministra habría firmado varios contratos que, en conjunto, superan los 500 millones de pesos en diferentes entidades, con incrementos sostenidos en los últimos años. Aunque no se ha demostrado ilegalidad, el caso ha reavivado el debate sobre el uso de la contratación por prestación de servicios y sus riesgos en términos de transparencia.
La ministra Kadamani respondió defendiendo la trayectoria de su familia y atribuyendo las críticas a la dinámica del momento preelectoral. Su explicación, sin embargo, no ha logrado frenar el cuestionamiento público.
En conjunto, estos episodios reflejan un problema estructural: la tensión entre la necesidad de contratar servicios especializados y el riesgo de que estos mecanismos se utilicen para ampliar cuotas políticas o generar redes de apoyo. En un año marcado por el calendario electoral, esa línea se vuelve aún más difusa.
Más allá de la legalidad de cada contrato, el debate de fondo es político. La percepción de un uso intensivo de la contratación en medio de llamados a la austeridad puede erosionar la credibilidad del Gobierno y alimentar la narrativa de sus opositores. En un escenario de alta polarización, la gestión de estos cuestionamientos será clave para el Ejecutivo.