El nuevo Congreso de la República, que se instalará el próximo 20 de julio, no solo llega con el respaldo de las urnas, sino también con un pesado equipaje judi
Procesos judiciales, escándalos de corrupción y decisiones de las cortes marcan el arranque del nuevo Legislativo.
El nuevo Congreso de la República, que se instalará el próximo 20 de julio, no solo llega con el respaldo de las urnas, sino también con un pesado equipaje judicial. Capturas recientes, investigaciones activas y procesos que avanzan en la Corte Suprema de Justicia configuran un escenario inédito en el que varias curules podrían quedar en entredicho incluso antes de iniciar el periodo legislativo.
La coyuntura quedó marcada por las capturas de Wadith Manzur y Karen Manrique, señalados por el delito de cohecho impropio en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según las investigaciones, ambos habrían participado en el direccionamiento de contratos a cambio de respaldar operaciones del Gobierno, lo que no solo compromete su situación judicial, sino que activa una de las sanciones más severas del sistema político: la “silla vacía”.
Este mecanismo implica que, en casos relacionados con corrupción o vínculos con estructuras ilegales, los partidos pierden la posibilidad de reemplazar a los congresistas investigados o condenados. En términos políticos, no solo castiga al individuo, sino también a la colectividad, afectando su representación en el Legislativo.
El escándalo de la Ungrd no es un caso aislado. También salpica a figuras como Martha Isabel Peralta Epieyú y Juan Loreto Gómez Soto, quienes enfrentan indagaciones por presuntos vínculos con el desvío de recursos en La Guajira. Estas investigaciones evidencian cómo prácticas clientelistas y redes de contratación continúan permeando la política regional, incluso en medio de un proceso electoral reciente.
Pero el fenómeno va más allá de este caso. Varios congresistas llegan con procesos abiertos que incluyen delitos como peculado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. Nombres como Marcos Daniel Pineda García, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, John Moisés Besaile Fayad y Antonio José Correa Jiménez figuran en expedientes activos que avanzan en la Corte Suprema.
En el Partido Liberal también persisten cuestionamientos. Lidio Arturo García Turbay es investigado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, mientras que Héctor Olimpo Espinosa Oliver enfrenta seguimientos por el uso de regalías en Sucre. A esto se suman procesos en Cámara que involucran a congresistas por posibles detrimentos patrimoniales y uso indebido de influencia política.
El oficialismo tampoco escapa a este panorama. El senador David Racero es investigado por presunta concusión y cohecho, en un caso que ha generado polémica por supuestas exigencias económicas a miembros de su equipo de trabajo. Asimismo, Agmeth José Escaf y Pedro Hernando Flórez Porras han sido vinculados a indagaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022.
Incluso figuras con alta votación enfrentan procesos. Isabel Cristina Zuleta López es investigada por presunto tráfico de influencias, mientras que Jonathan Ferney Pulido Hernández enfrenta una investigación por la supuesta utilización de falsos testigos en un caso de confrontación política.
Este panorama plantea varias implicaciones. En primer lugar, evidencia una persistente desconexión entre el respaldo electoral y la situación judicial de los candidatos. Muchos de ellos no solo lograron mantener su caudal político, sino que incluso lo incrementaron, a pesar de los cuestionamientos en su contra. Esto abre el debate sobre el peso real de la ética pública en las decisiones de los votantes.
En segundo lugar, pone en evidencia la presión que recaerá sobre las altas cortes. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado tendrán un papel determinante en la configuración final del Congreso, ya que sus decisiones podrían modificar la composición de las bancadas mediante capturas, condenas o pérdidas de investidura.
Finalmente, el riesgo de la “silla vacía” introduce un factor de inestabilidad política. En un Congreso fragmentado, la pérdida de curules puede alterar mayorías y afectar la gobernabilidad, especialmente en un momento en el que el país enfrenta debates clave en materia económica, social e institucional.
Así, el nuevo Legislativo no solo inicia con una agenda política exigente, sino también bajo la sombra de un calendario judicial que podría redefinir su funcionamiento. Más que un simple relevo institucional, lo que se avecina es un Congreso condicionado por los tribunales, donde la legitimidad de sus integrantes y la estabilidad de sus decisiones estarán, desde el primer día, bajo escrutinio.