Colombia enfrenta la automatización sin estrategias claras del Pacto Histórico sobre la disrupción laboral por la inteligencia artificial. En Colombia, el 58% d
Colombia enfrenta la automatización sin estrategias claras del Pacto Histórico sobre la disrupción laboral por la inteligencia artificial.
En Colombia, el 58% de los empleos están en riesgo de automatización. El programa de gobierno de Iván Cepeda no tiene una sola propuesta sobre inteligencia artificial. Eso no es un olvido. Es una posición.
Entre el 26 y el 31 de mayo de 2026, Colombia elegirá al presidente que gobernará entre 2026 y 2030. Ese período coincide exactamente con lo que organismos internacionales describen como la fase de mayor disrupción del mercado laboral por inteligencia artificial en la historia reciente.
Los datos son precisos. Un estudio del BID señala que el 58% de los empleos en Colombia están en riesgo de automatización parcial, especialmente en sectores administrativos, manufactura y servicios.
El PNUD Colombia advierte que la vulnerabilidad ante la IA generativa se observa en áreas donde las ocupaciones que generan mayor valor agregado también representan la principal fuente de empleo.
Y la OCDE encontró que la proporción de trabajadores con empleos expuestos a la IA varía desde el 45% en regiones urbanas como Estocolmo hasta el 13% en regiones rurales como Cauca, Colombia.

El país, en otras palabras, enfrenta una transformación estructural de su mercado laboral en el horizonte exacto del próximo mandato presidencial. La pregunta relevante para cualquier análisis electoral es qué propone cada candidato al respecto.
Ausencia de propuestas verificables
El programa de gobierno 2026–2030 del candidato del Pacto Histórico — 430 páginas publicadas en marzo de 2026 — no contiene una sola sección dedicada a inteligencia artificial, economía digital, transformación productiva tecnológica, regulación de plataformas, soberanía de datos o automatización del trabajo.
Las menciones a tecnología son instrumentales y dispersas: conectividad rural básica equiparada a agua potable, una plataforma digital para trazabilidad de contratos, y una referencia a la automatización en los ingenios azucareros como amenaza a los trabajadores. La innovación aparece mencionada una vez en el contexto de Buenaventura, sin estructura, sin presupuesto, sin política.
Esa ausencia contrasta con lo que los principales organismos multilaterales identifican como la decisión de política pública más urgente para América Latina. La OCDE, en colaboración con CAF, ha señalado que la región necesita identificar enfoques específicos para usar la IA en la construcción de gobiernos eficientes, eficaces y receptivos.
El BID, por su parte, documentó que las empresas que utilizan IA son, en promedio, más grandes en términos de empleo y ventas, y registran una tasa más acelerada de crecimiento. La brecha entre las empresas que adoptan y las que no se amplía cada año.
Colombia llega a esta coyuntura con desventajas estructurales conocidas. La baja productividad, la falta de alineación entre la educación y las necesidades del mercado laboral, y la alta informalidad son problemas estructurales que la automatización y la IA pueden exacerbar si no se abordan con políticas específicas.
La informalidad laboral supera el 55% de la fuerza de trabajo — precisamente el segmento más vulnerable a la sustitución tecnológica y el menos equipado para reconvertirse.
El programa de Cepeda sí propone redistribución: de tierras, de recursos, de poder contractual. Pero redistribuir en una economía que no ha resuelto su inserción en la cuarta revolución industrial es, en el mejor de los casos, una política incompleta.
La clave para que los países latinoamericanos aprovechen la cuarta revolución industrial radica en la gestión de esta transición tecnológica, diseñando políticas vanguardistas y revirtiendo la tendencia a la escasa inversión en infraestructura digital, ciencia, tecnología, innovación y desarrollo.
El programa lo dice de otra manera. Cepeda propone recuperar las cadenas productivas del algodón, la yuca y el café — sectores que, según la OCDE y el BID, se encuentran entre los más expuestos a automatización en economías emergentes.
Propone que el Estado compre la cosecha campesina directamente. No menciona qué ocurre cuando los sistemas de gestión agrícola con IA — ya desplegados en Brasil, Chile y Perú — reducen los costos de producción de los competidores regionales en un 30%.
Gobernar entre 2026 y 2030 sin política de inteligencia artificial no es una opción neutral. La mayoría de los trabajadores experimentarán cambios en sus funciones laborales debido a la IA, y el foco de atención se desplazará al modo en que la IA influye en las competencias de funciones laborales más amplias.
Ese proceso ocurrirá con o sin política pública. La diferencia es quién captura los beneficios y quién absorbe los costos.
En Colombia, la respuesta histórica a esa pregunta siempre ha sido la misma. El programa de Cepeda no cambia esa ecuación. Solo no la menciona.