La confesión de alias ‘el Viejo’ ante la Fiscalía confirma lo que su padre dijo cuando su hijo apenas tenía semanas de sepultado: a Miguel Uribe Turbay lo silen
Nueve meses después, la justicia tiene un nombre, una confesión y una cadena de mando que conduce directamente a las disidencias de las Farc.
La confesión de alias ‘el Viejo’ ante la Fiscalía confirma lo que su padre dijo cuando su hijo apenas tenía semanas de sepultado: a Miguel Uribe Turbay lo silenciaron por sus ideas. La Segunda Marquetalia impartió la orden. El gobierno, que les tendía la mano, le negó la protección.
El 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito del barrio Modelia en Bogotá, un precandidato presidencial fue asesinado a plena luz del día. Miguel Uribe Turbay tenía 38 años, una voz incómoda y una columna vertebral que le costó la vida.
Nueve meses después, la justicia tiene un nombre, una confesión y una cadena de mando que conduce directamente a las disidencias de las Farc con las que el gobierno del presidente Gustavo Petro mantenía, en ese momento, una mesa de negociación abierta.
Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, fue condenado esta semana a 22 años de prisión por planear el magnicidio. Antes de la sentencia, en un interrogatorio del 9 de febrero ante la Fiscalía General, reveló lo que Colombia sospechaba y la investigación confirmó: “El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”. La orden directa, según su testimonio, la impartió José Manuel Sierra, alias el Zarco Aldinever, uno de los comandantes de esa disidencia y hombre de confianza de Iván Márquez.
No fue un crimen pasional. No fue una deuda de esmeraldas. No fue una conspiración del Bronx. Fue una decisión política, tomada por un grupo armado con el que el Estado colombiano compartía mesa de diálogo.
‘Lo iban a matar de todas formas’
Un mes después del asesinato de su hijo, Miguel Uribe Londoño habló con Acento. Sus palabras, que entonces parecían el dolor de un padre, hoy suenan como un diagnóstico.
“A mi hijo lo asesinaron por sus ideas y por lo que proponía”, dijo. “Estaba incomodando a alguien o a varias personas que decidieron que había que silenciarlo.” Agregó que Miguel iba a ganar la presidencia, y que eso le convenía a muy pocos.
No señaló nombres. Prefirió la Fiscalía. Pero fue explícito en una acusación que el tiempo ha validado: Petro no ordenó el crimen —fue categórico en eso, “no estoy diciendo que el señor presidente Petro lo mandó matar, para que quede claro”— pero sí contribuyó, con sus palabras y sus omisiones, a que su hijo fuera identificado como objetivo.
Las pruebas que el padre citó no eran abstractas. El presidente Petro había publicado en redes que los senadores opositores debían “desaparecer” o “ser borrados de la historia”. Y cuando Miguel Uribe Turbay envió carta tras carta a la Unidad Nacional de Protección (UNP) solicitando un esquema de seguridad robusto, la respuesta fue insuficiente. Un funcionario sin blindaje. Una escolta que no alcanzaba.
La bala llegó antes que la protección.
La paradoja que se no puede ignorar
Hay una pregunta que este caso instala en el centro del debate político con una precisión quirúrgica: ¿puede un gobierno negociar en paz con quien le mata a sus opositores?
La Segunda Marquetalia no operaba en el vacío en junio de 2025. Operaba bajo el paraguas político de una paz total que, en la práctica, les otorgó margen de maniobra, visibilidad pública y, según los hechos, impunidad suficiente para planear y ejecutar un magnicidio en la capital del país.
El gobierno intentó dispersar la atención. Petro y funcionarios cercanos insinuaron otras hipótesis: los esmeralderos, las mafias del Bronx, rivalidades internas de la política.
El padre del senador asesinado las descartó una por una. “No tienen ningún fundamento”, dijo. “Son solo una distracción porque pareciera que el gobierno no tiene un deseo real de llegar a los verdaderos autores intelectuales.”
Hoy, con la confesión de alias el Viejo sobre la mesa, esas hipótesis han quedado reducidas a lo que siempre fueron: ruido.
Lo que queda pendiente
Miguel Uribe Londoño aseguró que la fiscal general le informó que la investigación por el homicidio de su hijo avanza de manera significativa y está cerca de identificar a los autores intelectuales. Insistió en que es clave llegar hasta quienes ordenaron el crimen.
El dirigente afirmó que detrás del asesinato habría una organización criminal poderosa con conexiones internacionales. Señaló posibles nexos con Venezuela y la Segunda Marquetalia, y reiteró la necesidad de esclarecer los hechos, garantizar justicia y evitar cualquier escenario de impunidad.
Aunque la justicia colombiana ha respondido con una velocidad inusual para un crimen de esta magnitud, pues, en menos de un año hay un condenado, hay una cadena de mando identificada y hay una confesión. Eso es un avance. Pero el avance procesal no responde la pregunta política de fondo.
¿Quién, dentro de la estructura de la Segunda Marquetalia, autorizó la ejecución de un candidato presidencial? ¿Qué niveles de la organización conocían el plan? ¿Y por qué el Estado colombiano, con inteligencia activa y mesas de diálogo abiertas con ese mismo grupo, no detectó ni previno el ataque?
Esas preguntas no tienen respuesta en los expedientes actuales. Pero deben tenerla antes del 31 de mayo de 2026, cuando Colombia vote en primera vuelta presidencial.
Porque lo que está en juego no es solo el esclarecimiento de un crimen. Es la garantía de que este país puede hacer política sin que la política cueste la vida.
Miguel Uribe Turbay lo entendió. Lo pagó con todo.