430 páginas. 97 menciones a Álvaro Uribe. Cero política industrial. Cero inteligencia artificial. Cero estrategia fiscal. Acento desmenuza la retórica del candi
430 páginas. 97 menciones a Álvaro Uribe. Cero política industrial. Cero inteligencia artificial. Cero estrategia fiscal. Acento desmenuza la retórica del candidato del Pacto Histórico y la contrasta con lo que Colombia necesita.
Hay una forma de leer el programa de gobierno de Iván Cepeda Castro que no requiere ideología. Requiere aritmética. En más de 400 páginas, el expresidente Álvaro Uribe es mencionado 97 veces. Vivienda, desarrollo regional e impulso a la economía apenas aparecen o se diluyen entre discursos ideológicos. Esa proporción no es un accidente editorial. Es una declaración de prioridades.
Un candidato que aspira a gobernar Colombia entre 2026 y 2030 tiene dos opciones frente al electorado decisor: explicar qué hará con la economía o explicar con quién peleará. La estructura de los discursos de Cepeda sigue un patrón consistente: comienza con la tradición política de la izquierda en cada lugar, se centra en el enfrentamiento con la “extrema derecha” representada por Uribe y concluye con un respaldo al presidente Petro. En 430 páginas, ese patrón no cambia. Tampoco aparece una sola cifra de déficit, una tasa de crecimiento objetivo ni un mecanismo claro de financiamiento.
Diagnóstico no es programa
El primer error lógico del programa es confundir el diagnóstico con la solución. Cepeda describe con precisión problemas estructurales: desigualdad extrema (el 10% más rico controla el 81% de la tierra cultivable), impunidad en corrupción (94%) e informalidad laboral (55%). Ninguna de esas cifras es discutible. El problema es lo que sigue: la solución propuesta es redistribuir lo existente, no crear lo que falta.
Una economía que redistribuye sin crecer distribuye pobreza con mayor eficiencia. Colombia necesita crecer al 5% anual sostenido para absorber el desempleo, reducir la informalidad y financiar los programas sociales que el mismo programa promete. La apuesta central no es la reindustrialización clásica, sino una transformación productiva basada en la economía campesina y la bioeconomía. Es una visión coherente en lo ambiental, pero insuficiente en lo fiscal. El algodón, la yuca y el cacao no financian hospitales, universidades ni infraestructura digital. Colombia enfrenta un déficit estructural que exige ingresos, no solo redistribución.
Sustitución sin cálculo económico
El segundo error es proponer sustituciones sin calcular su costo. El programa plantea reemplazos estructurales: empresas privadas por organizaciones populares en la contratación estatal, banca privada por un Banco del Pueblo, mercado agrícola por compra estatal directa, tratados de libre comercio por control estatal de cadenas productivas, y el Congreso —cuando no aprueba— por movilización popular.
Cada uno de estos mecanismos implica costos fiscales, institucionales y de eficiencia que el programa no aborda.
La reforma de la Ley 80 para que juntas de acción comunal reemplacen a empresas privadas como contratistas es el ejemplo más revelador. La pregunta que plantea el propio programa —cómo exigirle a una olla comunitaria las mismas cargas que a una corporación— omite la respuesta central: no se le exige porque no tiene la capacidad técnica para ejecutar obras de ingeniería, gerenciar infraestructura ni responder ante organismos de control. La capacidad técnica no es burocracia. Es la diferencia entre una obra terminada y un elefante blanco.
El enemigo como eje
El tercer error, y el más anacrónico, es estructurar una candidatura presidencial de 2026 sobre una confrontación del pasado. Cepeda tiene una trayectoria consistente en derechos humanos. Pero esa trayectoria no equivale a una agenda económica.
Su discurso internacional refuerza esa narrativa: crítica al uribismo, advertencias sobre una “extrema derecha neofascista” y afinidad con la continuidad del proyecto político actual. Puede ser eficaz en campaña. No lo es como estrategia de desarrollo.
Colombia compite con Perú, Chile, México y Brasil por inversión, talento y mercados. Ninguno de esos países está centrando su debate en el pasado político. Lo están haciendo en inteligencia artificial, productividad, transición energética con sostenibilidad fiscal y competitividad. El programa de Cepeda no aborda ninguno de estos frentes.
Lo que exige Colombia
La economía colombiana cierra el período Petro con señales mixtas. El desempleo ha caído, pero persisten desafíos estructurales: informalidad, baja productividad y riesgo de automatización del empleo. El país carece de una estrategia de reconversión laboral, de una política de inteligencia artificial y de una agenda clara para la economía digital.
Los actores económicos —empresarios, profesionales, universidades y sistema financiero— no necesitan saber cuántas veces aparece Uribe en un programa. Necesitan certezas: crecimiento proyectado, política de inversión extranjera, marco tributario para la economía digital, estrategia de deuda y sostenibilidad fiscal en un escenario de menores ingresos petroleros.
El programa de Cepeda no responde a esas preguntas. Más que una hoja de ruta, es un ejercicio de narrativa política centrado en el pasado. Mientras el país demanda propuestas para el futuro, parte de la dirigencia sigue mirando al retrovisor.
La veeduría ciudadana tiene una función clara en campaña: leer los programas antes de que se conviertan en política pública. Lo que este documento dice —y lo que omite— es suficiente para formarse un criterio. El elector decisor sabe distinguir entre diagnóstico y agenda. Entre redistribuir y crear. Entre gobernar el pasado y preparar el futuro.