La imposición de aranceles a insumos como acero y hierro reabre el debate sobre la coherencia de la política económica en Colombia, con efectos que trascienden
Presidente de Camacol cuestiona medida arancelaria que encarece vivienda, afecta empleo masivo y contradice objetivos económicos y sociales del Gobierno en Colombia.
La imposición de aranceles a insumos como acero y hierro reabre el debate sobre la coherencia de la política económica en Colombia, con efectos que trascienden la industria y golpean directamente a los hogares.
Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), su presidente, Guillermo Herrera, ha elevado un tono crítico frente a la medida, al advertir que sus consecuencias contradicen los objetivos de acceso a vivienda y reactivación.
El acero y el hierro representan cerca del 16,3% de los costos directos de construcción, lo que convierte cualquier ajuste en estos insumos en un factor determinante para el precio final de la vivienda.
Los aranceles, que pueden elevar hasta en 35% el costo de estos materiales, implican un incremento cercano al 3,9% en los costos de obra y una presión estimada del 2,2% sobre el valor de la vivienda.
A esto se suma el impacto sobre productos cerámicos, lo que amplifica el efecto en un mercado donde la capacidad de pago de los hogares ya enfrenta restricciones estructurales.
¿Cómo espera el Gobierno que bajen los precios de la vivienda si al mismo tiempo encarece su producción?
La advertencia de Herrera no es retórica. Refleja, según el gremio, una contradicción directa entre la política comercial y los esfuerzos por facilitar el acceso a vivienda, especialmente en segmentos vulnerables.
Empleo: el costo oculto de la medida
El Gobierno ha defendido la decisión bajo el argumento de proteger cerca de 50.000 empleos en la industria siderúrgica, pero Camacol cuestiona el alcance de esta priorización.
El sector edificador, recuerda Herrera, genera más de un millón de empleos directos y ha perdido más de 136.000 en medio de la desaceleración reciente.
“El país no puede tomar decisiones aisladas que terminan afectando sectores intensivos en empleo como la construcción”, insistió el presidente del gremio, al señalar el efecto multiplicador del sector.
La construcción no solo genera empleo masivo, sino que dinamiza múltiples cadenas productivas, por lo que cualquier choque negativo en su actividad tiene impactos amplificados en la economía.
Desaceleración prolongada y presión inflacionaria
El análisis de Camacol se da en un contexto adverso. El sector acumula 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones de vivienda, con niveles comparables a los registrados en 2012.
A ello se suman incrementos acumulados de entre 16 % y 20 % en los costos de construcción, resultado de factores como el aumento del salario mínimo y decisiones regulatorias previas.
Herrera ha advertido que nuevas presiones sobre los insumos solo profundizarán esta tendencia, trasladándose inevitablemente a los precios o reduciendo la oferta formal disponible.
El fenómeno ya comienza a reflejarse en el mercado, donde los arriendos muestran señales de aumento ante la menor producción de vivienda, en línea con alertas recientes del banco central.
Política económica sin articulación
Para Camacol, el problema de fondo es la falta de coherencia entre las distintas herramientas de política económica, que terminan enviando señales contradictorias al mercado.
“No se pueden analizar los aranceles de manera aislada. Estas decisiones deben evaluarse en conjunto con la política de vivienda y los objetivos de inflación”, reiteró Herrera.
Colombia enfrenta un déficit habitacional cercano a 2,5 millones de hogares urbanos, al tiempo que deberá absorber la formación de unos cuatro millones adicionales en la próxima década.
En ese contexto, advierte el gremio, encarecer la producción de vivienda formal no solo restringe el acceso, sino que incentiva la informalidad y agrava los problemas urbanos estructurales.
Sin sustento técnico y con efectos sistémicos
Otro de los puntos críticos señalados por el presidente de Camacol es la ausencia de evidencia que justifique la medida bajo criterios técnicos de defensa comercial.
Según el gremio, no existen pruebas de prácticas irregulares en los precios del acero importado, sino dinámicas propias de la oferta y demanda internacional.
“Esta es una medida que, aunque se presenta como focalizada, termina afectando a toda la cadena productiva”, ha señalado Herrera, al advertir sobre sus efectos sistémicos.
Camacol evalúa acciones jurídicas mientras insiste en la necesidad de revisar la decisión, en un momento en que la economía requiere señales claras para reactivar inversión y empleo.
El mensaje del gremio es contundente: en un país con déficit habitacional y alta demanda, las decisiones que encarecen la vivienda no solo son inconsistentes, sino socialmente regresivas.
La discusión, en palabras de su presidente, no es sectorial. Es una definición de prioridades económicas en la que, por ahora, los hogares parecen estar asumiendo el mayor costo.