El más reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible liquidación de las EPS “quebradas” volvió a sacudir un sistema de salud ya golpeado por de
Petro ha insistido en que no existen alternativas y que mantener el esquema actual implicaría asumir millonarias deudas privadas con recursos públicos.
El más reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible liquidación de las EPS “quebradas” volvió a sacudir un sistema de salud ya golpeado por deudas, fallas en la atención y pérdida de confianza entre sus actores. A menos de cinco meses de terminar su mandato, la propuesta abre un debate que mezcla elementos técnicos, jurídicos y políticos, en medio de un ambiente electoral cada vez más tenso.
Desde el Gobierno, la decisión se presenta como una salida ante el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso. Petro ha insistido en que no existen alternativas y que mantener el esquema actual implicaría asumir millonarias deudas privadas con recursos públicos. Sin embargo, para expertos y críticos, el anuncio plantea más interrogantes que certezas y podría profundizar la crisis en lugar de resolverla.
El primer problema es conceptual. La figura de “EPS quebradas” no existe en el marco legal del sistema. Según analistas, lo más cercano es el patrimonio negativo o el incumplimiento de indicadores financieros. Bajo ese criterio, buena parte de las aseguradoras estaría en riesgo, lo que convertiría la decisión en una medida de amplio alcance y con efectos difíciles de calcular.
Además, el anuncio deja en el aire una pregunta clave: ¿qué pasará con los usuarios? Actualmente, varias EPS intervenidas concentran a más de 20 millones de afiliados. En caso de liquidación, estos tendrían que ser trasladados a otras entidades que ya enfrentan problemas financieros. Con una siniestralidad que supera el 100% —es decir, gastan más de lo que reciben—, el sistema no parece tener la capacidad para absorber esa carga sin ajustes estructurales.
La incertidumbre no es menor. En el sector salud, la confianza es un activo crítico. Cuando se pone en duda la continuidad de las aseguradoras, hospitales, clínicas y proveedores tienden a endurecer sus condiciones, exigir pagos anticipados o suspender servicios. Esto, a su vez, afecta directamente la atención de los pacientes, como ya lo evidencian casos recientes de demoras en la entrega de medicamentos y tratamientos.
El debate también tiene un componente institucional. Si bien el Gobierno puede liquidar EPS a través de la Superintendencia de Salud, el proceso no es inmediato ni discrecional. Requiere estudios técnicos, actos administrativos y el cumplimiento de un debido proceso que puede tomar meses. Además, implica la liquidación de deudas con prestadores y proveedores, muchas de las cuales terminan siendo incobrables, como ha ocurrido en experiencias anteriores.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. Según datos del sector hospitalario, decenas de EPS liquidadas en los últimos años han dejado deudas billonarias con clínicas y hospitales, afectando su sostenibilidad. En ese contexto, una nueva ola de liquidaciones podría agravar la situación financiera de los prestadores y generar un efecto dominó en la red de atención.
Para algunos críticos, como el exministro Alejandro Gaviria, el anuncio tiene un fuerte componente político. En su lectura, se trata de una estrategia para trasladar responsabilidades al Congreso y construir un relato de reforma frustrada, en medio de la campaña electoral. Esta interpretación se refuerza por el hecho de que el propio Gobierno ha intervenido varias EPS sin lograr mejorar sus indicadores financieros, lo que cuestiona la efectividad de su gestión.
Otro frente de controversia es el posible avance hacia un modelo más centralizado o “estatizado” del sistema. Desde sectores opositores se advierte que la liquidación masiva de EPS podría reducir la participación privada y concentrar la gestión en el Estado, lo que, según sus críticos, pondría en riesgo la eficiencia y la cobertura.
Sin embargo, también es cierto que el sistema actual enfrenta fallas estructurales profundas. Deudas acumuladas, insuficiencia en la financiación y problemas de acceso han puesto en evidencia la necesidad de reformas. El punto de quiebre está en cómo hacer esos cambios sin generar mayor inestabilidad en el corto plazo.
El antecedente de liquidaciones pasadas tampoco es alentador. Casos como el de grandes EPS que desaparecieron y cuyos usuarios fueron trasladados a otras entidades que luego también colapsaron muestran que estas decisiones pueden tener efectos en cadena. En el contexto actual, replicar ese escenario con una población mucho mayor podría generar una crisis de mayores proporciones.
En el fondo, la discusión sobre la liquidación de las EPS refleja un problema más amplio: la dificultad de equilibrar decisiones políticas con realidades técnicas en un sector altamente sensible. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de actuar, expertos advierten que cualquier medida apresurada puede agravar los problemas existentes.
Así, más que una solución inmediata, la propuesta de liquidar EPS aparece como una jugada de alto riesgo, en un sistema ya tensionado.