Las recientes elecciones legislativas en Colombia dejaron un mensaje político incómodo: las investigaciones judiciales por presunta corrupción no siempre repres
Para algunos analistas, la reelección de políticos cuestionados refleja una memoria política corta de los votantes.
Las recientes elecciones legislativas en Colombia dejaron un mensaje político incómodo: las investigaciones judiciales por presunta corrupción no siempre representan un castigo electoral. Al menos siete congresistas que enfrentan procesos o indagaciones lograron repetir curul en el Congreso, a pesar de estar vinculados a escándalos que van desde supuestos sobornos y tráfico de influencias hasta irregularidades con recursos públicos.
Ni el escándalo de presuntas coimas y contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ni las denuncias por presuntos recortes indebidos de salarios en Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), ni los cuestionamientos por tráfico de influencias lograron impedir que estos dirigentes políticos conservaran el respaldo suficiente para mantenerse en el poder.
El fenómeno vuelve a abrir el debate sobre el comportamiento electoral en el país. Para algunos analistas, la reelección de políticos cuestionados refleja una memoria política corta de los votantes. Para otros, responde a dinámicas más profundas: redes clientelistas, estructuras regionales de poder y la lógica del “favor político”, que en muchos territorios pesa más que los escándalos mediáticos.
Entre los nombres que repiten curul aparecen figuras de distintos partidos. El conservador Wadith Manzur fue elegido senador con más de 125.000 votos mientras es investigado por la Corte Suprema dentro del escándalo de la Ungrd. El proceso busca esclarecer si habría actuado como intermediario para direccionar contratos a cambio de apoyo legislativo al Gobierno. Manzur ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de señalamientos sin fundamento.
También aparece la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, quien obtuvo cerca de 60.000 votos pese a estar mencionada en el mismo expediente judicial. Según la Fiscalía, el presunto entramado habría incluido proyectos por cientos de miles de millones de pesos que, según la hipótesis del ente acusador, se habrían usado como cupos indicativos para asegurar respaldo político a iniciativas del Gobierno. Peralta ha defendido su inocencia y asegura que los señalamientos forman parte de una campaña de desprestigio.
Otra congresista relacionada con ese caso es la representante Karen Manrique, elegida por la Circunscripción Especial de Paz. Testimonios y chats aportados al proceso la mencionan en supuestas gestiones para orientar contratos hacia proyectos en Arauca. La Corte aún debe decidir si la llama a juicio.
La lista de congresistas investigados que repiten curul se extiende más allá de la Ungrd. El representante David Racero enfrenta una indagatoria por presunta concusión relacionada con el uso de miembros de su UTL en actividades de un negocio privado y posibles aportes de parte de sus salarios. Racero ha negado irregularidades.
Por su parte, el senador Wilmer Carrillo, del Partido de La U, enfrenta investigaciones por presunto tráfico de influencias y otros delitos asociados a contratos públicos en Norte de Santander. La Corte considera que existen elementos para llevarlo a juicio, decisión que aún puede ser apelada.
El senador Didier Lobo, de Cambio Radical, también es investigado por un supuesto incremento patrimonial injustificado durante su periodo como alcalde de La Jagua de Ibirico. Aunque el proceso continúa en etapa de indagación, el congresista ha negado de manera categórica cualquier irregularidad.
A ellos se suma el senador Álex Flórez, investigado por presunto lavado de activos y concusión relacionados con la financiación de su campaña electoral. Las autoridades buscan determinar si hubo aportes provenientes de personas vinculadas a contratos públicos.
La reelección de estos congresistas evidencia un dilema estructural del sistema político colombiano: el peso de la justicia en las urnas sigue siendo limitado mientras no exista una condena firme. La legislación permite que cualquier ciudadano sea candidato y elegido mientras no tenga una sentencia ejecutoriada que le impida ejercer cargos públicos.
Sin embargo, más allá de la legalidad, el debate es político y ético. ¿Por qué los votantes siguen respaldando a candidatos bajo sospecha? En muchos casos, la respuesta se encuentra en la fuerza de las maquinarias regionales, el control de estructuras electorales locales y la capacidad de los políticos para mantener vínculos directos con comunidades que valoran la gestión o los beneficios concretos por encima de los escándalos judiciales.
El resultado es un Congreso que vuelve a reflejar las tensiones entre la presunción de inocencia y la exigencia de mayor transparencia en la política. Mientras los procesos avanzan en los tribunales, siete congresistas seguirán legislando desde sus curules, respaldados por los votos que, al menos por ahora, pesaron más que las investigaciones.