En medio del ambiente electoral que vive Colombia de cara a las elecciones legislativas y presidenciales, un tema comienza a ganar relevancia en el debate públi
Informe “3000 voces por la democracia”: 78,8% de las candidatas encuestadas aseguró haber sufrido algún tipo de violencia política durante su campaña.
En medio del ambiente electoral que vive Colombia de cara a las elecciones legislativas y presidenciales, un tema comienza a ganar relevancia en el debate público: las condiciones reales que enfrentan las mujeres cuando deciden participar en política.
Uno de los diagnósticos más completos sobre este fenómeno es el informe “3000 voces por la democracia”, elaborado por la Mesa de Género de la Cooperación Internacional con el liderazgo de ONU Mujeres, junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría del Pueblo y la Embajada de Suecia. El estudio recoge la experiencia de miles de candidatas en Colombia y ofrece un panorama contundente sobre los obstáculos que enfrentan durante el ciclo electoral.
Los resultados muestran que la violencia contra las mujeres en política no es un fenómeno aislado. Por el contrario, tiene un carácter estructural que impacta directamente la participación femenina y, en consecuencia, la representatividad del sistema democrático.
El dato más revelador del informe es que 78,8% de las candidatas encuestadas aseguró haber sufrido algún tipo de violencia política durante su campaña. Estas agresiones van desde ataques verbales y psicológicos hasta intimidaciones, acoso digital y desprestigio público basado en estereotipos de género.
El impacto de estas experiencias es profundo. Según el estudio, 46,1% de las candidatas afirma que no volvería a presentarse a elecciones después de haber vivido situaciones de violencia durante su campaña. Esta cifra refleja el efecto disuasivo que tienen estas prácticas y plantea un desafío para el futuro de la participación política femenina.
Otro dato que evidencia la gravedad del problema es que el 25,4% de las candidatas reportó haber sufrido agresión sexual en el contexto de su actividad política. Aunque estas situaciones no siempre son visibles en el debate público, el informe advierte que forman parte de una violencia de género que busca desalentar la presencia de las mujeres en espacios de poder.
Las barreras que enfrentan las candidatas no se limitan únicamente a las agresiones externas. El estudio también señala obstáculos estructurales dentro de los propios partidos políticos. Por ejemplo, tres de cada diez mujeres encuestadas calificaron el apoyo recibido de sus partidos entre 1 y 3 en una escala de 10, lo que evidencia una percepción de respaldo limitado durante sus campañas.
Además, 30% de las candidatas aseguró que su ubicación en las listas para corporaciones como concejos o asambleas se definió sin criterios claros, lo que refleja problemas de transparencia y equidad en los procesos internos de las organizaciones políticas.
El informe revela que 93,1% de las candidatas asumió tareas de cuidado no remunerado durante la campaña, y para el 25,3% esta situación representó un obstáculo directo para postularse.
Estos datos muestran que la desigualdad de género también se reproduce en la vida cotidiana, lo que termina condicionando las posibilidades de competir en igualdad de condiciones dentro de la arena política.
El contexto resulta paradójico si se tiene en cuenta que Colombia ha avanzado en materia de legislación para proteger los derechos de las mujeres. Desde la Constitución de 1991 se han aprobado más de 150 leyes orientadas a garantizar la igualdad y prevenir la discriminación de género.
Sin embargo, especialistas coinciden en que los avances normativos deben ir acompañados de cambios culturales e institucionales que permitan hacer efectivos esos derechos. La participación de las mujeres en espacios de decisión es una de las claves para lograrlo, pero la persistencia de la violencia política sigue siendo un obstáculo.
En ese sentido, entró en vigor la Ley 2453, del 2 de abril de 2025, que establece medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en política. Esta norma busca fortalecer las garantías para que las candidatas puedan participar sin sufrir agresiones o discriminación.
A pesar de los desafíos, el panorama también muestra algunos avances. Las cifras de inscripción de candidatas han aumentado en los últimos procesos electorales, lo que indica un mayor interés de las mujeres por participar en la vida pública. Sin embargo, los expertos coinciden en que el país todavía está lejos de alcanzar la paridad en la representación política.
Por eso, en medio del actual ciclo electoral, la discusión sobre elecciones en paz no solo se limita a la seguridad en los territorios o a la transparencia del proceso. También implica garantizar condiciones equitativas para que las mujeres puedan ejercer liderazgo político sin enfrentar violencia o discriminación.