A pocas horas de que Colombia abra nuevamente las urnas para elegir el Congreso y resolver consultas interpartidistas, la seguridad vuelve a instalarse como una
El coronel José Luis Bastidas, gerente del Plan Democracia, sostiene que la Fuerza Pública está preparada para garantizar el voto en todo el país.
A pocas horas de que Colombia abra nuevamente las urnas para elegir el Congreso y resolver consultas interpartidistas, la seguridad vuelve a instalarse como una de las principales preocupaciones del proceso electoral. Los recientes ataques contra campañas políticas, sumados a las alertas de riesgo emitidas por la Defensoría del Pueblo en más de 200 municipios, evidencian que la contienda democrática se desarrolla en un contexto de tensiones persistentes en varias regiones del país.
En este escenario, la Fuerza Pública ha desplegado uno de los operativos más amplios de los últimos años para garantizar el desarrollo de la jornada electoral. Más de 126.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares, junto con un número similar de policías, estarán encargados de custodiar los puestos de votación y de prevenir posibles amenazas contra el proceso democrático.
El coronel José Luis Bastidas, jefe del Departamento Conjunto de Operaciones Militares y gerente del Plan Democracia, sostiene que el dispositivo de seguridad es el resultado de una planeación de más de un año y busca asegurar que los más de 41 millones de colombianos habilitados para votar puedan hacerlo con garantías.
Sin embargo, de acuerdo con los análisis de inteligencia y las alertas institucionales, los principales focos de riesgo se concentran en regiones donde confluyen disputas entre grupos armados donde estos ejercen control territorial. Entre ellas aparecen zonas como el Cauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio, el Chocó y el Guaviare.
El caso del Cauca es particularmente sensible. Allí, 19 municipios fueron catalogados en riesgo extremo, una cifra que refleja un deterioro frente a elecciones anteriores. En respuesta, la Fuerza Pública implementó un esquema reforzado que incluye presencia en el 100% de los puestos de votación, operaciones militares en corredores estratégicos y monitoreo permanente en coordinación con la Registraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
La estrategia también incorpora capacidades de inteligencia para anticipar nuevas modalidades de amenaza, como el uso ofensivo de drones.
Una situación igualmente compleja se vive en el Catatumbo, donde el desplazamiento de cerca de 100.000 personas y la presencia del Eln han generado un ambiente de alta fragilidad institucional. En esa región, el Ejército mantiene desplegados cerca de 11.000 efectivos con operaciones ofensivas destinadas a debilitar las estructuras armadas y consolidar el control territorial.
En el Caribe colombiano, particularmente en el Magdalena, el desafío se relaciona con la confrontación entre estructuras del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras. Allí, el operativo de seguridad se enfoca en el control de rutas fluviales, marítimas y terrestres utilizadas para el narcotráfico, actividad que constituye el principal soporte financiero de estas organizaciones.
Pero más allá del despliegue operativo, la Fuerza Pública mantiene una postura clara frente a los anuncios de tregua realizados por algunos grupos armados. Tanto el ELN como el Clan del Golfo han emitido comunicados en los que aseguran que no interferirán en las elecciones.
Para el coronel Bastidas, esos pronunciamientos no constituyen una garantía real. La Fuerza Pública, afirma, no puede confiar en la voluntad de organizaciones que históricamente han atentado contra la población civil y el orden democrático. En consecuencia, el dispositivo militar se mantendrá activo durante toda la jornada electoral, sin depender de los anuncios de estos grupos.
Además de las amenazas armadas, las autoridades también advierten sobre delitos electorales tradicionales que suelen presentarse en cada jornada electoral. Entre ellos destacan el constreñimiento al votante, la compra de votos y la trashumancia electoral.
Para combatir estas prácticas, se habilitó la línea 157, un canal de denuncia disponible las 24 horas que permite a los ciudadanos reportar posibles irregularidades de manera anónima y activar una respuesta inmediata de las autoridades.
En conjunto, el panorama revela un desafío estructural para la democracia colombiana: garantizar que el derecho al voto pueda ejercerse libremente incluso en territorios donde persisten dinámicas de violencia y economías ilegales.
La apuesta institucional es que la presencia del Estado, expresada en el despliegue militar, la vigilancia electoral y la participación ciudadana, logre contener los riesgos y permitir que la jornada transcurra con normalidad.
Sin embargo, el trasfondo del debate es más profundo. Cada elección en Colombia pone a prueba la capacidad del Estado para ejercer autoridad en todo el territorio y para proteger la participación política frente a la presión de actores armados. El resultado de ese esfuerzo no solo define quién ocupará las curules del Congreso, sino también la fortaleza misma de la democracia.