El estudio Anatomía del Clan del Golfo y su negociación en Catar: ¿la última oportunidad de la Paz Total?, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), p
Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz reveló que el grupo creció 140% mientras dialoga con el Gobierno, tensionando la viabilidad real del proceso.
El estudio Anatomía del Clan del Golfo y su negociación en Catar: ¿la última oportunidad de la Paz Total?, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), pone números a una paradoja incómoda.
Entre 2022 y 2025, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia duplicó su presencia territorial, pues pasó de influir en 145 municipios a 296 en 17 departamentos.
En el mismo periodo, su pie de fuerza aumentó 140%, al pasar de 4.099 integrantes a 9.840. De ellos, 3.328 están armados y 6.512 operan en redes de apoyo.
Hoy concentra cerca del 36% de los aproximadamente 27.000 miembros de organizaciones ilegales en el país. Es el grupo más grande y uno de los más activos en confrontación.
Ese es el actor que desde septiembre de 2025 sostiene diálogos en Doha con el gobierno de Gustavo Petro, bajo mediación de Catar, Noruega, Suiza y España.
La mesa ya vivió una suspensión de 13 días tras la reunión de Petro con Donald Trump, evidencia de que la negociación no ocurre en un vacío político.
Expansión como punto de partida
El informe de la FIP subraya que el Clan del Golfo no negocia desde la derrota. Aunque es la estructura más combatida por la Fuerza Pública, su expansión territorial y humana no se ha detenido.
Su arquitectura –Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 subestructuras– le permite operar con descentralización táctica y adaptación regional.
Además, funciona con lógica empresarial. La nómina mensual asciende a unos 1,5 millones de dólares, equivalentes a 5.500 millones de pesos.
Los pagos van desde 1,5 millones de pesos para informantes hasta 17 millones para comandantes de frente. Sostener esa estructura implica presión financiera constante, pero también demuestra capacidad de captación.
Esa dimensión económica es clave para entender los incentivos de negociación: reducir costos operativos, disminuir riesgos de captura o muerte de mandos y eventualmente legalizar parte del capital acumulado.
Pero el mismo músculo financiero que impulsa el diálogo puede facilitar la fragmentación si algunos mandos optan por continuar en la ilegalidad.
Una negociación distinta
A diferencia de procesos anteriores, la agenda no incluye reformas estructurales del Estado. El foco es la desmovilización, la entrega de armas y el sometimiento a un marco jurídico.
También se plantea desmontar el sistema de extorsiones que el grupo impone en sus zonas de influencia y reemplazarlo por presencia institucional efectiva.
Se acordaron pilotos de transformación en 15 municipios y la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó.
Sin embargo, persisten vacíos normativos. La ley exige que estas zonas se establezcan en una etapa avanzada del proceso, condición jurídicamente debatible en este momento.
Tampoco existe un marco integral aprobado que regule la desmovilización de una organización con casi 10.000 integrantes y fuerte arraigo territorial.
El desafío institucional
El informe de la FIP advierte tres riesgos principales: capacidad estatal limitada para cumplir compromisos en municipios priorizados, tensiones internas del grupo y ausencia de un marco jurídico sólido antes del cierre del gobierno.
A ello se suma el riesgo de validar, aunque sea indirectamente, esquemas de gobernanza ilegal en territorios donde el Estado ha sido históricamente débil.
La desmovilización, si se concreta, podría generar disidencias. El entramado económico del Clan del Golfo (narcotráfico, minería ilegal y control de economías locales) ofrece incentivos para el reciclaje criminal.
El calendario político agrava la incertidumbre. Restan menos de seis meses para el fin del mandato de Petro y el país entra en dinámica electoral.
Es improbable un acuerdo definitivo antes del relevo presidencial. El objetivo inmediato parece ser asegurar compromisos verificables que aumenten el costo político de desmontar la mesa.
La paradoja es evidente: la negociación avanza mientras el grupo mantiene participación en focos activos de confrontación y conserva capacidad de expansión.
El estudio de la FIP no concluye que el proceso esté condenado al fracaso, pero sí advierte que negociar con el grupo armado más grande del país exige claridad jurídica, coordinación institucional y control territorial real.
La paz, en este caso, no depende solo de voluntad política. Depende de si el Estado puede ocupar de manera sostenible los espacios que el Clan del Golfo deje, si decide dejarlos.
Colombia enfrenta así un dilema recurrente: pactar para reducir violencia sin que la fortaleza del adversario termine condicionando el alcance del acuerdo.