La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño con hemofilia que falleció en medio de controversias sobre la entrega de su tratamiento, dejó de ser un caso ind
Para unos, el caso del niño refleja una crisis estructural del sistema; para el Gobierno, es un hecho doloroso en medio de cambios.
La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño con hemofilia que falleció en medio de controversias sobre la entrega de su tratamiento, dejó de ser un caso individual para convertirse en símbolo de una crisis más amplia del sistema de salud.
Así lo advirtió un grupo de exministros y exviceministros del sector, quienes afirmaron que “el caso de Kevin no es un hecho aislado”, sino la expresión visible de un deterioro estructural que, aseguran, viene profundizándose en los últimos tres años.
En un pronunciamiento público, los exfuncionarios señalaron que la desfinanciación del sistema y el desacato a órdenes judiciales están poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes, especialmente aquellos con enfermedades huérfanas o de alto costo.
Según explicaron, la insuficiencia en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —prima que financia la atención integral— ha debilitado el aseguramiento y comprometido la continuidad de tratamientos.
“Kevin no es un caso aislado. Es el rostro visible de una crisis que afecta a miles de pacientes —niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas— que hoy enfrentan interrupciones de tratamientos, desabastecimiento de medicamentos y barreras crecientes”, señalaron.
Los exministros recordaron que desde finales de 2023 advirtieron que la reforma propuesta al sistema incumplía mínimos constitucionales, carecía de aval fiscal suficiente y debilitaba el modelo de aseguramiento individual. Si bien reconocen que el sistema requiere transformaciones, sostienen que cualquier ajuste debe respetar el principio de no regresividad del derecho fundamental a la salud y garantizar sostenibilidad financiera.
Mientras el debate técnico se desarrolla, un nuevo caso volvió a encender las alarmas. Hendrick Samuel Díaz, un bebé de 17 meses diagnosticado con hemofilia tipo A, completó 41 días sin recibir su medicamento, según denunció su madre, Fernanda Castillo, residente en Apulo (Cundinamarca). El menor utiliza el mismo tratamiento que Kevin.
La familia instauró una acción de tutela que ordena la entrega del medicamento, pero, de acuerdo con la denuncia, la orden judicial no se habría cumplido oportunamente. En un video difundido en redes sociales, la madre pidió intervención urgente de la Superintendencia de Salud y del presidente Gustavo Petro, argumentando que la interrupción del tratamiento representa un riesgo inminente para su hijo, dada la naturaleza de la enfermedad, que requiere aplicación constante para prevenir hemorragias graves.
Tras la presión pública, Nueva EPS respondió que el medicamento sería suministrado el 19 de febrero, informando que la aplicación de factor VII estaba programada por parte de la IPS Vital Salud. El anuncio alivió parcialmente la preocupación, pero dejó abierta la discusión sobre los tiempos de respuesta y la necesidad de acudir a mecanismos judiciales para garantizar un derecho fundamental.
El caso de Kevin también derivó en un fuerte pulso político. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvieron que la causa de muerte fue un trauma craneoencefálico severo tras una caída accidental, y no la falta de medicamentos. Para respaldar esa versión, se divulgó información de la historia clínica del menor, lo que generó críticas por posible vulneración de la reserva legal de datos médicos.
El exfiscal general Francisco Barbosa afirmó que revelar la historia clínica podría constituir un delito de violación de datos personales, al tratarse de información protegida por la ley.
En el Congreso, la representante Jennifer Pedraza radicó una moción de censura contra el ministro Jaramillo, argumentando que el caso refleja fallas estructurales en el acceso a medicamentos y continuidad de tratamientos. La solicitud incluye cuestionamientos sobre el aumento de tutelas para acceder a servicios básicos y la supervisión del sistema.
El representante David Luna también anunció una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen posibles omisiones en la cadena de atención y se determinen responsabilidades. Ambos congresistas sostienen que el problema trasciende un hecho puntual y revela debilidades en la gestión y el flujo de recursos.
De fondo, el debate también pone sobre la mesa el alto costo de los tratamientos para hemofilia. Medicamentos como el Emicizumab pueden superar los 40 millones de pesos por paciente, lo que hace indispensable una cobertura oportuna y estable dentro del sistema.
Así, entre advertencias técnicas, denuncias familiares y confrontación política, el caso de Kevin se convierte en punto de inflexión. Para sus críticos, es evidencia de un sistema tensionado por decisiones financieras y administrativas; para el Gobierno, un episodio doloroso en medio de una transición estructural. Lo cierto es que la discusión ya no gira solo en torno a un nombre propio, sino a la garantía efectiva del derecho a la salud en Colombia.