La confirmación de nuevos contratos estatales a personas cercanas al entorno del presidente Gustavo Petro volvió a poner bajo la lupa la política de contratació
Según la Contraloría, solo en enero de 2026 se firmaron 164.813 contratos por un valor total de $14,86 billones.
La confirmación de nuevos contratos estatales a personas cercanas al entorno del presidente Gustavo Petro volvió a poner bajo la lupa la política de contratación del llamado “gobierno del cambio”.
La polémica surge en medio de la emergencia económica y social decretada para atender la grave situación invernal y recaudar $8 billones adicionales, mientras en paralelo se registró un aumento significativo en la firma de contratos públicos.
En las últimas horas, la presidencia confirmó la adjudicación de contratos a Ingrid Plata, esposa del compadre del mandatario y amiga cercana de Verónica Alcocer. El objeto contractual, según los documentos oficiales, es apoyar la organización, coordinación y seguimiento de actividades protocolarias en eventos institucionales. Desde el Gobierno se argumenta que la contratación responde a una necesidad misional histórica del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Sin embargo, el nombre de Plata se suma a una lista más amplia de personas vinculadas familiar o personalmente con figuras del alto Gobierno que han recibido contratos estatales. De acuerdo con reportes de la Contraloría, solo en enero de 2026 se firmaron 164.813 contratos por un valor total de $14,86 billones, lo que representa un incremento del 52,6% en número y del 68,2% en monto frente al mismo periodo previo a la ley de garantías durante el gobierno de Iván Duque.
Las cifras, aunque no implican por sí mismas irregularidad, sí alimentan cuestionamientos sobre la oportunidad y concentración del gasto en un contexto de restricción fiscal. La controversia se intensifica cuando parte de esos contratos recaen en personas cercanas al círculo presidencial.
El caso de Plata no es el único. La revista Semana reveló contratos suscritos a través del sistema público de medios RTVC que superarían los $23.000 millones e incluirían servicios del maquillador Fady Javier Flórez y del fotógrafo Mauricio Vélez, vinculados a la exprimera dama. Desde la presidencia confirmaron la existencia de esos contratos, señalando que hacen parte de la producción y transmisión de contenidos audiovisuales y la divulgación institucional.
Aunque el presidente ha señalado públicamente que ya no mantiene una relación sentimental con Alcocer, persisten interrogantes sobre el papel e influencia que ella pueda tener en decisiones administrativas. El Gobierno insiste en que todas las contrataciones cumplen requisitos legales y obedecen a criterios técnicos.
La polémica también salpica a la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, tras revelarse contratos adjudicados a integrantes de su familia. Según denuncias de la representante Jennifer Pedraza, el hermano de la ministra, Salim Kadamani Fonrodona, recibió contratos por más de $257 millones al límite de la Ley de Garantías, que se suman a otros por $333 millones desde febrero de 2025 en entidades como el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior.
Además, la madre de la funcionaria habría celebrado seis contratos por cerca de $600 millones, algunos de ellos de manera simultánea en enero de 2026. También se conoció que la esposa de un tío de la ministra firmó cinco contratos estatales por $351 millones en el Ministerio de las Culturas y el Ministerio del Trabajo.
Pedraza cuestionó que la ministra no haya publicado su declaración de conflictos de interés y señaló que “no fueron uno ni dos, fueron tres los familiares con contratos”. Desde el Gobierno no se ha informado de sanciones ni investigaciones internas por estos casos.
El debate trasciende los nombres propios y se instala en el terreno institucional. En medio de una emergencia económica que busca recursos para atender crisis sociales y climáticas, la percepción de contratación concentrada en círculos cercanos golpea el discurso de austeridad y transparencia.
Si bien no existe hasta ahora un pronunciamiento judicial que declare ilegal alguno de estos contratos, la reiteración de casos con vínculos familiares o personales plantea interrogantes éticos y políticos. En un país donde la contratación pública ha sido históricamente foco de cuestionamientos, la legitimidad del gasto depende tanto del cumplimiento formal de la ley como de la confianza ciudadana.
El Gobierno defiende que las contrataciones se ajustan a la normativa vigente y que no puede restringirse la participación de personas por vínculos personales si cumplen los requisitos. La oposición, en cambio, advierte sobre un patrón de favorecimiento que contradice la narrativa de cambio.
En un contexto de alta presión fiscal y creciente escrutinio institucional, la transparencia en la contratación pública se convierte en un elemento central para sostener la credibilidad del Ejecutivo. La discusión apenas comienza y podría escalar si los órganos de control deciden profundizar en las revisiones.