La discusión sobre una nueva ley de amnistía volvió a poner en el centro del debate político venezolano una pregunta incómoda: ¿puede haber reconciliación sin i
Las familias aseguran que llevan más de un mes en vigilia frente a centros de reclusión y denuncian tratos crueles y condiciones degradantes.
La discusión sobre una nueva ley de amnistía volvió a poner en el centro del debate político venezolano una pregunta incómoda: ¿puede haber reconciliación sin inclusión plena de las víctimas? Familiares de personas detenidas por motivos políticos se han concentrado frente a la Asamblea Nacional, en Caracas, para exigir que el proyecto en curso no sea selectivo ni excluya a una parte significativa de los presos.
La protesta coincidió con el proceso de consulta pública del texto, aprobado en primera discusión la semana pasada y previsto para segundo debate a mediados de febrero. Hasta el Parlamento acudieron integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y de la ONG Foro Penal, con el objetivo de plantear observaciones y advertencias sobre el alcance real de la propuesta.
La voz más firme fue la de Andreína Baduel, hermana de Josnar Baduel e hija del fallecido exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió bajo custodia del Estado en 2021. Para la activista, una amnistía parcial “no es justicia”. Su señalamiento apunta al artículo 6 del proyecto, que delimita los periodos contemplados y, según denuncia, deja por fuera detenciones ocurridas entre 2018 y 2023.
La crítica central no es solo jurídica, sino política. Una ley que excluya a “más de la mitad de los presos políticos”, como afirma Baduel, podría convertirse en un instrumento de administración del conflicto más que en una herramienta de cierre de ciclo. El riesgo, según los familiares, es que la amnistía termine beneficiando a casos específicos y no establezca un marco amplio de reparación y garantías.
El contexto agrega presión. Las familias aseguran que llevan más de 30 días en vigilia frente a centros de reclusión y denuncian tratos crueles y condiciones degradantes, señalando particularmente al Rodeo I, en el estado Miranda. También exigen fe de vida inmediata para detenidos bajo presunta desaparición forzada. En ese escenario, la discusión legislativa trasciende lo simbólico: toca la urgencia humanitaria.
Desde el oficialismo, el diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial que tramita el proyecto, recibió a los manifestantes y aseguró que el texto busca la reconciliación nacional dentro del marco constitucional. Según Arreaza, el Parlamento está recogiendo propuestas de expertos y afectados por la confrontación política, con la intención de reflejar sus percepciones en la redacción final.
La diputada opositora Nora Bracho, integrante también de la comisión, garantizó que las madres de los presos serán escuchadas. El gesto apunta a mostrar un espacio de interlocución institucional, aunque todavía no hay señales claras de modificaciones sustanciales al articulado.
El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, describió el encuentro como un intercambio respetuoso y reiteró la voluntad del gobierno de facilitar acuerdos. Incluso convocó a una nueva jornada de atención en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), en un intento por ampliar el diálogo.
Sin embargo, la pregunta de fondo permanece: ¿qué significa reconciliación en un país con años de detenciones por razones políticas y con denuncias persistentes de violaciones de derechos humanos? Una amnistía amplia podría aliviar tensiones y mejorar el clima político, pero también implica reconocer la dimensión total del conflicto. Una amnistía acotada, en cambio, puede percibirse como una estrategia de cálculo político en medio de presiones internas y externas.
El Gobierno parece apostar por una fórmula que combine control institucional y narrativa de paz. Los familiares, por su parte, exigen que el texto no sea una salida parcial que normalice exclusiones. En términos políticos, la legitimidad de la ley dependerá menos de su retórica conciliadora y más de su alcance efectivo.
La experiencia venezolana muestra que las iniciativas de diálogo suelen enfrentar desconfianza acumulada. Si el proyecto logra incorporar los periodos y casos cuestionados, podría convertirse en un punto de inflexión. Si no, corre el riesgo de profundizar la fractura entre discurso oficial y percepción ciudadana.
En las próximas horas, cuando el texto pase a segundo debate, se medirá no solo la voluntad de acuerdo, sino la capacidad del Parlamento para responder a una exigencia central: que la amnistía no sea selectiva, sino verdaderamente inclusiva.