Clara López y Mauricio Lizcano arremeten contra el tribunal. Daniel Palacios cuestiona sustento técnico del incremento decretado por el gobierno de Gustavo Petr
“Se está politizando el Consejo de Estado”. Con esa frase, Clara López abrió el choque en el debate presidencial tras la suspensión provisional del decreto que aumentaba más del 23% el salario mínimo.
En el Gran Debate Presidencial de las Regiones, organizado por Acento Colombia y Canal 1, la candidata calificó la decisión como sorpresiva y aseguró que no existe una contradicción evidente entre el decreto y la Constitución.
López sostuvo que el artículo 53 ordena garantizar un salario mínimo vital y móvil, y afirmó que el incremento representaba un avance hacia ese mandato, no una vulneración del orden constitucional.
A su juicio, frenar la medida impide desarrollar el Estado social de derecho y retrasa la redistribución del ingreso, en un país donde, dijo, la canasta básica supera los tres millones de pesos.
Mauricio Lizcano coincidió en el rechazo y calificó la suspensión como un “gran error jurídico”, al advertir que millones de trabajadores ya recibieron el salario con el aumento correspondiente a enero.
El candidato argumentó que la Constitución prohíbe desmejorar las condiciones laborales después de efectuado el pago y señaló que revertir el incremento podría desencadenar una ola de acciones judiciales.
Además, alertó sobre el impacto político y social de la decisión, al considerar que abre una brecha innecesaria entre trabajadores y empresarios, en medio de un entorno económico complejo.
No obstante, Lizcano planteó que el aumento debe complementarse con alivios tributarios y medidas de apoyo a las empresas, para evitar efectos negativos sobre el empleo formal.
En contraste, Daniel Palacios marcó distancia y expresó respeto por los fallos judiciales, aunque señaló que habría preferido una decisión de fondo y no una suspensión provisional.
El aspirante cuestionó el sustento técnico del aumento del 23% y preguntó por qué, sin estudios macroeconómicos claros ni respaldo en productividad, no se fijó un porcentaje mayor.
“¿Por qué no 30, 40 o 50 %?”, planteó, al advertir que la política económica no puede definirse con cifras “sacadas del sombrero” ni responder a impulsos coyunturales.
Para Palacios, aunque todos buscan mejores ingresos para los trabajadores, el Ejecutivo debe justificar técnicamente cada decisión y garantizar sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica.
El debate se produjo horas después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que elevaba el salario mínimo de 1.423.500 a 1.750.905 pesos para 2026.
El alto tribunal otorgó al Gobierno un plazo de ocho días calendario para expedir y publicar un nuevo decreto transitorio, ajustado a los parámetros legales, mientras se emite sentencia definitiva.