Un audio revelado por Vicky Dávila volvió a sacudir el escenario político nacional. En la grabación, atribuida a ‘Pipe Tuluá’, narcotraficante extraditado a Est
Un audio revelado por Vicky Dávila volvió a sacudir el escenario político nacional. En la grabación, atribuida a ‘Pipe Tuluá’, narcotraficante extraditado a Estados Unidos, el hombre asegura que entregó dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro, presuntamente a través de su hermano, Juan Fernando Petro.
Según el contenido difundido, ‘Pipe Tuluá’ afirma haber canalizado recursos con destino político, sin precisar montos ni fechas concretas, pero sí señalando intermediarios. El material fue presentado como parte de un trabajo periodístico y no hace parte —hasta ahora— de un proceso judicial público en Colombia.
El Gobierno reaccionó de inmediato. Desde la Casa de Nariño se negó cualquier vínculo entre la campaña presidencial y dineros ilícitos, reiterando que los recursos utilizados en 2022 fueron auditados y reportados ante las autoridades electorales. Voceros cercanos al presidente calificaron el audio como una “acusación sin sustento probatorio” y advirtieron sobre el uso político de testimonios de personas condenadas por narcotráfico.
En el Congreso, la revelación activó peticiones de control político y solicitudes para que la Fiscalía General de la Nación evalúe la veracidad del material. Sectores de oposición pidieron explicaciones formales y anunciaron que insistirán en que se investigue el eventual ingreso de dineros ilegales a campañas presidenciales, mientras que aliados del Gobierno reclamaron cautela y recordaron precedentes de señalamientos sin pruebas que no prosperaron judicialmente.
Rueda de prensa Nacional https://t.co/FT95GQYqL6
— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) February 3, 2026
El caso se suma a una larga lista de episodios en los que declaraciones de narcotraficantes o personas privadas de la libertad impactan el debate público sin que, necesariamente, se traduzcan en decisiones judiciales. El punto central, más allá del ruido político, será determinar si el audio tiene valor probatorio y si existen elementos objetivos que permitan abrir o robustecer una investigación formal.
Por ahora, el episodio vuelve a tensionar la relación entre periodismo, justicia y política, y deja una pregunta abierta para las instituciones: ¿hay hechos verificables que ameriten una actuación judicial o se trata de un nuevo capítulo en la disputa narrativa que rodea al poder en Colombia?