“Estamos mejor en salud porque los dueños de las EPS están histéricos y no los dejamos robarse la plata”. Esa fue la frase del presidente Gustavo Petro en Washi
“Estamos mejor en salud porque los dueños de las EPS están histéricos y no los dejamos robarse la plata”. Esa fue la frase del presidente Gustavo Petro en Washington. No es solo una declaración desafortunada. Es una afirmación que desconoce deliberadamente la evidencia, trivializa el sufrimiento de los pacientes y reduce un problema estructural a una caricatura política.
La salud pública no se mide por el estado de ánimo de los actores del sistema ni por la confrontación ideológica con intermediarios. Se mide por acceso, oportunidad, continuidad, resultados en salud y sostenibilidad financiera. En todos esos frentes, Colombia enfrenta hoy un deterioro claro y documentado.
La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta explícita sobre la crisis del sistema de salud y el deterioro de las EPS intervenidas. El informe advierte fallas en la entrega de medicamentos, aumento sostenido de quejas, interrupciones en tratamientos, congestión en urgencias y debilitamiento de la red prestadora. No es un juicio político: es el órgano de control señalando riesgos reales al derecho fundamental a la salud.
A esto se suma un problema central: la desfinanciación estructural del sistema. Diversos análisis coinciden en que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no ha crecido al ritmo de los costos reales de la atención, impulsados por inflación médica, nuevas tecnologías, envejecimiento poblacional y mayor carga de enfermedades crónicas. El resultado es previsible: hospitales y clínicas operando al límite, carteras impagables, cierre de servicios y reducción de capacidad instalada.
La Federación Médica Colombiana ha sido contundente. No habla desde la defensa de las EPS, sino desde la experiencia diaria del personal de salud. Sus reportes dan cuenta de retrasos en pagos, precarización laboral, renuncias de profesionales y afectaciones directas a la atención de los pacientes. Cuando el talento humano se va o trabaja sin garantías, el sistema colapsa desde adentro.
La evidencia internacional tampoco respalda el optimismo presidencial. Un artículo publicado en The BMJ advierte que las reformas en salud requieren transiciones ordenadas, reglas claras y respaldo financiero suficiente. Cambios abruptos, sin planes operativos sólidos, suelen generar caídas en acceso y calidad, incluso cuando la intención declarada es fortalecer lo público.
Nada de esto implica defender abusos, corrupción o malas prácticas. El sistema colombiano ha tenido fallas graves que deben corregirse con rigor y sanción. Pero también logró, durante décadas, cobertura casi universal y avances relevantes en indicadores de salud. Desconocer ese punto de partida no es reformar: es partir de una premisa falsa.
Decir que “estamos mejor” porque unos actores están incómodos no es gobernar con datos. Es negar la realidad de pacientes que no reciben medicamentos, de médicos que no cobran a tiempo y de instituciones que sobreviven endeudadas.
La indignación no proviene de una frase. Proviene del contraste entre el discurso y los hechos. Y hoy, los hechos muestran un sistema tensionado, frágil y en riesgo. Ignorarlo no lo soluciona.