La imputación penal contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Migu
La imputación penal contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue anunciada, retirada y explicada en menos de cuatro horas. El episodio, sin precedentes por su rapidez y por el nivel del funcionario involucrado, terminó con una decisión de la Fiscalía que, en la práctica, dejó sin efecto la imputación y alivió la situación jurídica de uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro.
El lunes 19 de enero de 2026, la Fiscalía informó que había radicado solicitud de audiencia de imputación contra Rodríguez por el delito de prevaricato por omisión. La acusación se basaba en que, pese a reiteradas advertencias formales, la UNP no reforzó el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay después de que este anunciara su precandidatura presidencial. Según la documentación conocida por los investigadores y por los medios que han seguido el caso, existieron al menos 23 solicitudes de refuerzo de seguridad entre enero y junio de 2025 que no se tradujeron en un ajuste efectivo del esquema.
El 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, en Bogotá, Miguel Uribe fue atacado mientras participaba en un evento político. Contaba con apenas tres escoltas. El sicario logró acercarse a corta distancia y disparó. El senador murió semanas después como consecuencia de las heridas. Desde entonces, la defensa de su familia ha sostenido que hubo una omisión grave del Estado en el deber de protección de un precandidato presidencial y uno de los principales líderes de la oposición.
La imputación contra el director de la UNP no fue una versión preliminar ni una filtración. Quedó registrada en el sistema de la Rama Judicial y tenía fecha tentativa de audiencia. Durante varias horas, Augusto Rodríguez pasó a ser el primer alto funcionario del Gobierno Petro formalmente vinculado a la investigación por el magnicidio.
Pero en la noche de ese mismo lunes, la Fiscalía dio marcha atrás. En un comunicado posterior, informó que la imputación debía retirarse porque la fiscal que la había solicitado, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, no hacía parte del Grupo de Tareas Especiales creado en junio de 2025 para investigar integralmente el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Según la Fiscalía, todas las decisiones relacionadas con el caso debían ser asumidas exclusivamente por ese grupo especializado, adscrito a la Unidad de Vida.
La explicación oficial no cuestionó el fondo de la imputación ni negó la existencia de elementos probatorios. El argumento fue procedimental: un asunto de competencia interna para evitar nulidades. El efecto fue inmediato. La imputación quedó sin efecto y el proceso volvió a un punto anterior, ahora bajo control exclusivo del grupo especial.
Fuentes de la Fiscalía han señalado que la posibilidad de imputar a Rodríguez no está cerrada, pero que deberá ser evaluada nuevamente por ese grupo. En la práctica, la decisión significó que el director de la UNP quedara, por ahora, sin cargos formales en su contra.
El episodio tomó un giro político al día siguiente. El 20 de enero, durante un consejo de ministros, el propio Augusto Rodríguez aseguró que la imputación fallida había sido promovida por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, y que posteriormente la fiscal general decidió echarla atrás. Según reconstrucciones periodísticas, Rodríguez interpretó la imputación como una posible retaliación interna.
Hasta el momento, ni el ministro de Justicia ni la Fiscalía han dado una explicación pública detallada sobre ese señalamiento. La Fiscalía se ha limitado a reiterar que el retiro de la imputación obedeció a razones de competencia y que la investigación continúa.
Mientras tanto, el caso por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay avanza con diez personas judicializadas, varias de ellas mediante preacuerdos. Sin embargo, la eventual responsabilidad del Estado por omisión en la protección del precandidato presidencial sigue sin resolverse.
Lo cierto es que la única imputación anunciada contra un alto funcionario del Gobierno en este caso duró apenas unas horas. El giro de la Fiscalía dejó al director de la UNP sin cargos y reabrió un debate de fondo que sigue pendiente: por qué, pese a las alertas reiteradas, el Estado no llegó a tiempo para proteger a Miguel Uribe Turbay.