Petro avala cobro en facturas, culpa a oposición por bloqueo fiscal y promete impacto diferenciado por estratos. El Gobierno colombiano confirmó que la deuda ac
Petro avala cobro en facturas, culpa a oposición por bloqueo fiscal y promete impacto diferenciado por estratos.
El Gobierno colombiano confirmó que la deuda acumulada del sistema eléctrico será trasladada a las facturas de los usuarios, una decisión que formaliza un ajuste tarifario pendiente y reactiva el choque político entre Ejecutivo y oposición, en un escenario de presión fiscal y fragilidad regulatoria.
El presidente Gustavo Petro admitió que el incremento en las tarifas es inevitable bajo las condiciones actuales del sector, aunque aseguró que su aplicación será diferenciada por estratos socioeconómicos, como mecanismo para contener el impacto sobre los hogares de menores ingresos.
La ratificación presidencial se produjo tras la divulgación de un borrador de decreto del Ministerio de Minas y Energía, que propone un cargo transitorio de ocho pesos por kilovatio hora aplicado a toda la demanda conectada al sistema eléctrico nacional.
Según el Ejecutivo, el recaudo permitiría cubrir obligaciones de empresas de servicios públicos intervenidas por la Superintendencia, cuyas deudas comprometen la liquidez del sector y elevan el riesgo de incumplimientos en la cadena de pagos.
Petro situó el origen del pasivo en las decisiones adoptadas durante la pandemia, cuando se congelaron las tarifas eléctricas sin respaldo presupuestal, transformando un alivio transitorio en un diferimiento que terminó acumulándose como deuda estructural del sistema.
El mandatario sostuvo que ese congelamiento no se financió con utilidades empresariales ni con recursos fiscales, sino mediante cargos postergados a los usuarios, generando un pasivo que, según datos oficiales, se aproxima a seis billones de pesos.
El jefe de Estado afirmó que su Gobierno buscó evitar el traslado del costo a los consumidores a través de leyes de financiamiento que permitieran asumir la deuda con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Sin embargo, responsabilizó a la oposición congresista, y en particular al Centro Democrático, de bloquear esas iniciativas en el Congreso, cerrando la opción presupuestal y forzando, según su versión, la salida tarifaria actualmente en discusión.
El enfrentamiento se intensificó tras las críticas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien cuestionó el decreto y advirtió sobre un encarecimiento del servicio eléctrico en un contexto de desaceleración económica y restricción del ingreso real.
Petro replicó que su administración enfrenta una herencia deteriorada en el sector eléctrico y reprochó gestiones anteriores, al señalar que el esquema tarifario aplicado no resolvió los problemas financieros ni regulatorios de fondo.
Choque político por el origen de la deuda
Más allá del cruce político, el proyecto de decreto apunta a contener un riesgo sistémico asociado a empresas intervenidas, como Air-e, que acumula deudas cercanas a dos billones de pesos con generadores de energía eléctrica.
El Ministerio de Minas y Energía advirtió que, sin un mecanismo de recaudo inmediato, el impago de esas obligaciones podría afectar inversiones, mantenimiento de redes y la estabilidad operativa del sistema eléctrico en regiones estratégicas del país.
El cargo transitorio tendría vigencia limitada, mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) implementa un esquema definitivo de confiabilidad, cuyo diseño y puesta en marcha se prevé dentro de un plazo máximo de seis meses.
Adicionalmente, el decreto otorga a la CREG hasta dieciocho meses para reglamentar la remuneración de energía firme complementaria proveniente de fuentes renovables, como la eólica y la solar, dentro del mercado eléctrico.
Riesgo sistémico y salida regulatoria
El Gobierno sostiene que esta reforma es necesaria para diversificar la matriz energética, reducir la exposición a choques financieros y climáticos, y fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico en el mediano plazo.
No obstante, analistas advierten que trasladar el costo a los usuarios, incluso con segmentación por estratos, tendrá implicaciones económicas y políticas, en un contexto de inflación persistente y elevada sensibilidad frente a precios regulados.
Desde el sector eléctrico, algunos actores consideran la medida inevitable para evitar un deterioro mayor, aunque insisten en la necesidad de correcciones estructurales, reglas estables y señales claras para inversión de largo plazo.
El debate reabre la discusión sobre subsidios, focalización del gasto público y sostenibilidad fiscal, en un país con márgenes presupuestales limitados y crecientes exigencias sociales sobre el Estado.
Mientras el decreto avanza en su fase de comentarios, el Gobierno enfrenta el reto de equilibrar disciplina fiscal, estabilidad del sistema y costo político, en una decisión que impactará directamente el ingreso disponible de millones de colombianos.
El episodio evidencia las limitaciones del modelo de financiamiento del sector eléctrico, donde decisiones políticas, rezagos regulatorios y choques fiscales convergen, trasladando costos al usuario final y reforzando el debate sobre responsabilidad estatal, disciplina presupuestal y gobernanza energética en Colombia.
