Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, explica a Acento el impacto del aumento del salario mínimo sobre el mercado de vivienda. El aumento del sala
Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, explica a Acento el impacto del aumento del salario mínimo sobre el mercado de vivienda.
El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno (23,7%), muy por encima de la inflación (5,1) y la productividad (0,9%) ya empezó a trasladarse al mercado de vivienda en Colombia, elevando los costos de construcción, presionando los precios y detonando un choque abierto entre política social, sostenibilidad económica y reglas de mercado.
El foco del conflicto está en el impacto que ese incremento salarial tiene sobre los costos de producción de la vivienda, especialmente la de interés social (VIS), y en la respuesta del Ejecutivo, que busca limitar la indexación de precios mediante un decreto que el sector constructor interpreta como un control indirecto, con riesgos legales, económicos y sociales.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advierte que las decisiones adoptadas sin suficiente sustento técnico pueden generar “efectos indeseables incluso nocivos” para los hogares que buscan acceder a una vivienda, al alterar el equilibrio entre costos, financiación y precios finales.
Desde el gremio se cuestiona que el debate se haya trasladado a un terreno ideológico y de confrontación política, dejando de lado la evidencia económica y el análisis del funcionamiento real del mercado inmobiliario, en un contexto de inflación persistente y desaceleración de la inversión.
“Este no es un sector de empresarios que se aprovechan de las familias”, sostiene Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, al rechazar los señalamientos del Gobierno.
“Durante décadas ha sido clave para el desarrollo económico y social del país, para la generación de empleo y para proveer vivienda, sobre todo a los hogares de menores ingresos”, afirma el líder gremial.
Salario mínimo y presión de costos
El punto de quiebre, según Camacol, es el aumento del salario mínimo para 2025, que superó en cerca de 18% la regla histórica de inflación más productividad observada en los últimos 20 años, generando presiones transversales sobre la estructura de costos de múltiples sectores.
“Este es un problema que genera el mismo Gobierno. Ni siquiera los sindicatos habían solicitado un incremento de esa magnitud, pese a su impacto directo sobre sectores intensivos en mano de obra como la construcción”, señala Herrera.
La mano de obra representa entre 25% y 30% del costo directo de un proyecto de vivienda. A ello se suma el efecto cascada sobre al menos 34 sectores proveedores de insumos, muchos también dependientes de trabajo no calificado.
Camacol estima que el incremento de los costos de producción, no del precio final de venta, podría ubicarse entre 10% y 15%, una carga difícil de absorber sin afectar la viabilidad financiera de los proyectos, especialmente en la VIS.
Precio tope no es precio de venta
En medio del debate, el gremio insiste en aclarar una confusión recurrente: el precio tope legal de la vivienda VIS, definido en salarios mínimos, no equivale al precio efectivo de venta en el mercado.
“Hoy el 60% de las viviendas de interés social que se entregan en el país tienen un precio por debajo de los topes. El precio promedio nacional de las viviendas entregadas fue de 116 salarios mínimos, cerca de 165 millones de pesos”, explica el presidente de Camacol.
Incluso en aglomeraciones urbanas con topes excepcionales de 150 salarios mínimos, el valor promedio de entrega fue cercano a 120 salarios, alrededor de 20% por debajo del máximo permitido por la ley.
“Uno no puede confundir precio tope con precio de venta, ni indexación del precio con abuso; el mercado ya opera con márgenes ajustados y competencia efectiva”, explica Herrera.
Desindexación o control de precios
El choque más fuerte se produce alrededor del proyecto de decreto que obliga a fijar el precio de la vivienda en pesos desde la separación o promesa de compraventa, prohibiendo su indexación posterior.
“Seamos claros, lo que está haciendo el Gobierno es imponiendo un control de precios a la vivienda”, afirma el líder gremial, al advertir que la medida desconoce la duración real de los proyectos y la variación natural de los costos durante su ejecución.
La legislación vigente permite que el precio sea “determinable”, es decir, ajustable bajo reglas claras hasta el momento de la escrituración. “El Código Civil y el Código de Comercio avalan esa práctica”, recuerda Herrera.
Para Camacol, exigir un precio determinado desde el inicio rompe una “regla de oro” de la economía de mercado y desconoce el marco legal que rige las transacciones inmobiliarias en Colombia.
Riesgos legales y efectos sociales
El gremio identifica vicios de legalidad en el proyecto de decreto, entre ellos la imposición de un control de precios reservado al Congreso, la eliminación de topes excepcionales aún vigentes y la tipificación de conductas sancionables sin respaldo legal.
También cuestiona la falta de rigor técnico en la redacción, con errores conceptuales que, a su juicio, evidencian improvisación en una norma con alto impacto económico y social.
Más allá del plano jurídico, Camacol alerta sobre las consecuencias conocidas del control de precios: menor inversión, reducción de la oferta y aumento de la escasez, con efectos que terminan trasladándose a la vivienda usada y a los arriendos.
“Cuando tú controlas precios, generas incertidumbre, se frena la inversión y se reduce la oferta”, advierte el vocero, al anticipar un impacto directo sobre el acceso al crédito, los subsidios y las tasas de interés.
La pérdida de la condición VIS en algunos proyectos implicaría créditos más caros y menores montos financiables, lo que podría excluir a miles de hogares del mercado formal de vivienda.
El riesgo final, señala Camacol, es el aumento de la informalidad habitacional. “La informalidad es pobreza”, afirma, al vincularla con déficits en servicios públicos, salud y educación, especialmente para los niños.
El gremio hizo un llamado a retomar un diálogo técnico y responsable, que reconozca el impacto del salario mínimo sobre los costos y preserve una política de vivienda sostenible, sin desarticular los mecanismos que durante años permitieron ampliar el acceso a vivienda digna en Colombia.
