El nuevo comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que propone la construcción de un “acuerdo nacional” con vocación constituyente en pleno añ
El nuevo comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que propone la construcción de un “acuerdo nacional” con vocación constituyente en pleno año electoral, no puede leerse como un gesto aislado ni ingenuo. Llega en un contexto cargado: calendario presidencial en marcha, tensiones regionales por Venezuela y una secuencia reciente de pronunciamientos armados que apuntan, de forma explícita, a incidir en la política y en las elecciones.
Pero el comunicado del ELN no surge en el vacío. Hace apenas días, alias Iván Mordisco propuso públicamente una alianza entre guerrillas para enfrentar lo que denomina una agresión de Estados Unidos en la región, convocando al propio ELN y a otras estructuras armadas ilegales . A esa propuesta, el presidente Gustavo Petro respondió calificándola como “la excusa perfecta para la agresión” y advirtiendo que estos grupos, dedicados al narcotráfico, buscan sabotear la libertad electoral .
En ese mismo marco, Petro fue más allá al plantear una coordinación militar con Venezuela para enfrentar una eventual alianza entre disidencias y ELN, lo que revela hasta qué punto el Gobierno percibe un riesgo real de articulación armada regional con impacto directo sobre Colombia .
Visto así, la propuesta del ELN de un “acuerdo nacional” adquiere otra dimensión: no es solo un planteamiento político, sino una pieza más de una estrategia de presión. El grupo armado plantea que dicho acuerdo se convierta en mandato constitucional y que la campaña electoral sea el escenario para debatirlo, una formulación que, en la práctica, intenta condicionar el debate democrático bajo la sombra de las armas.
Ahí está el núcleo del problema. En una democracia, los acuerdos nacionales se construyen desde las instituciones, la ciudadanía y los partidos, no desde organizaciones armadas ilegales que mantienen control territorial, economías ilícitas y capacidad de coerción. La historia colombiana es clara en esto: cada vez que un actor armado ha intentado erigirse en árbitro político, el resultado ha sido más violencia y menos legitimidad.
El señalamiento de Fajardo apunta justamente a esa línea roja. No se trata de cerrar debates sobre reformas o crisis estructurales —que existen y deben discutirse—, sino de negar cualquier pretensión de imponerlas mediante intimidación. El riesgo no es retórico: cuando un grupo armado declara que ve el proceso electoral como “oportunidad” para impulsar un mandato constituyente propio, está cuestionando el principio básico de soberanía popular.
En suma, el “acuerdo nacional” del ELN no puede analizarse solo por su retórica. Debe leerse a la luz de una secuencia de hechos recientes: llamados a alianzas guerrilleras, advertencias sobre sabotaje electoral y un año presidencial en curso. En ese escenario, el debate central no es ideológico, sino institucional: si Colombia permitirá que la política vuelva a ser condicionada por las armas o si, esta vez, la democracia se impone sin ambigüedades.