Por primera vez en meses, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores volvió a reunirse en la Casa de Nariño. La convocatoria la hizo el presidente Gustavo Pet
Por primera vez en meses, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores volvió a reunirse en la Casa de Nariño. La convocatoria la hizo el presidente Gustavo Petro, quien luego resumió el encuentro en un mensaje breve, pero cargado de lectura política: asistieron todos los expresidentes liberales; se excusaron los conservadores y los uribistas. “Muchas coincidencias”, escribió.
El hecho es institucional. La Comisión existe para eso: asesorar al jefe de Estado en asuntos estratégicos de política exterior. Pero la fotografía política que deja esta sesión va más allá del protocolo. Revela, con nitidez, cómo se está reordenando —o fracturando— el consenso nacional alrededor de la política internacional del Gobierno.
Quiénes estuvieron y qué se discutió
La sesión se desarrolló como reunión ordinaria, con un orden del día estructurado en cinco puntos centrales. Según el documento oficial y la información conocida, el eje fue la coyuntura internacional y los principales desafíos de la política exterior colombiana, con dos asuntos dominantes: la relación con Estados Unidos y la situación de Venezuela.
El presidente abrió la jornada con su intervención, seguida por un informe preliminar de la Cancillería. Luego se dio espacio a comentarios, preguntas y recomendaciones de los miembros de la Comisión. Es decir, el procedimiento formal se cumplió.
En la mesa estuvieron congresistas del Pacto Histórico y del Partido Liberal, así como figuras con experiencia diplomática, entre ellas los excancilleres Guillermo Fernández de Soto Valencia Jaramillo y Julio Londoño Paredes. No asistieron representantes del uribismo ni del Partido Conservador, quienes se excusaron.
En política, las ausencias también comunican. Y en este caso, lo hacen con claridad.
Que los expresidentes y sectores liberales hayan acudido, mientras que conservadores y uribistas decidieran no hacerlo, no es un dato menor. No se trata simplemente de una diferencia de agendas. Es una señal de desconfianza frente a la orientación que el Gobierno le está dando a la política exterior, especialmente en temas sensibles como Venezuela, la relación con Washington y el tono ideológico del alineamiento internacional.
La Comisión Asesora no toma decisiones, pero sí cumple una función clave: construir consensos mínimos de Estado. Cuando esa mesa se reúne sin una parte relevante del espectro político, el mensaje es que esos consensos hoy no existen.
Esta reunión ocurre en un momento particularmente delicado. Colombia enfrenta tensiones externas crecientes, un entorno regional inestable y una relación con Estados Unidos marcada por cautela mutua. A eso se suma el debate interno sobre el papel del país frente al régimen venezolano y el reconocimiento —o no— de sus autoridades.
En ese escenario, la política exterior debería ser un espacio de continuidad institucional, más allá de los gobiernos. Pero la composición de esta sesión sugiere que la política internacional también se está volviendo terreno de disputa interna.
El trino presidencial no ayuda a disipar esa percepción. Al subrayar quiénes fueron y quiénes no fueron, el presidente convierte un hecho institucional en una lectura política. No acusa, pero insinúa. No confronta, pero marca líneas.
Cuando sectores enteros deciden no sentarse a la mesa, el problema no es solo de ellos. También interpela al Gobierno: ¿hay condiciones reales para un diálogo estratégico amplio o la política exterior se está gestionando desde afinidades ideológicas?
Una señal que no conviene minimizar
“Mucha coincidencias”, escribió el presidente. La frase puede leerse de varias formas. Pero, en cualquier caso, deja una advertencia: Colombia no está hablando con una sola voz en el escenario internacional.
Y cuando eso ocurre, el costo no es retórico. Es estratégico. Porque el mundo no negocia con trincheras internas, sino con Estados capaces de sostener posiciones estables en el tiempo.
La reunión se hizo. El acta quedará. Pero la ausencia de una parte del país seguirá pesando más que cualquier comunicado oficial.