Un informe de la FIP advierte riesgos legales, expansión criminal y dudas sobre el futuro del diálogo. La decisión de Estados Unidos de incluir al Clan del Golf
Un informe de la FIP advierte riesgos legales, expansión criminal y dudas sobre el futuro del diálogo.
La decisión de Estados Unidos de incluir al Clan del Golfo en su lista de organizaciones terroristas no solo sacudió el tablero diplomático del Gobierno colombiano, sino que puso en evidencia las fragilidades, riesgos y contradicciones del proceso de negociación que se adelantaba en Catar.
Y es que un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que esta designación obligó a replantear de manera urgente el futuro de la mesa de diálogos y, al mismo tiempo, dejó al descubierto la dimensión real de un grupo criminal que ya no opera como una estructura armada tradicional, sino como una empresa ilegal con alcance nacional y proyección transnacional.
El documento de la FIP explicó que el anuncio del gobierno de Donald Trump, realizado el 16 de diciembre de 2025, generó un escenario de incertidumbre y desconfianza que golpeó directamente las conversaciones de paz.
Según la Fundación, mantener a los negociadores en Doha ahora implica riesgos legales y de seguridad muy altos por las órdenes de captura internacionales, lo que sugiere que el proceso tendría que trasladarse a Colombia para no morir en el intento, aunque eso también traiga sus propios peligros.
La FIP señaló que esta medida era previsible, pero confirmó que los delitos transnacionales del Clan deben ser un tema central en la negociación, pues ya no se trata solo de un problema local. El informe concluyó que esta situación retrasará el ritmo de la mesa y hace muy poco probable que el proceso de paz se firme durante este Gobierno.
Pero más allá de la política, el análisis de la FIP presentó una radiografía alarmante del poderío militar del grupo, ratificándolo como la organización criminal más poderosa de Colombia. Las cifras recopiladas por la Fundación mostraron que el Clan tuvo un crecimiento del 146% desde 2017 y hoy cuenta con 8.945 integrantes, de los cuales casi 6.000 están armados y listos para el combate.
Lo más inquietante que reveló el informe es que, según proyecciones de la Fuerza Pública citadas por la FIP, es posible que el grupo inicie el año 2026 con 10.000 hombres en sus filas, precisando que su influencia ya toca a 16 departamentos y, aunque las autoridades reconocen su presencia en 290 municipios, la Defensoría del Pueblo asegura que están en 429.
Además, el estudio detalló cómo el Clan del Golfo opera bajo un modelo empresarial basado en prácticas exitosas de otros grupos ilegales, lo que les permite tener múltiples fuentes de plata rápida, destacando que la cabeza de esta estructura es el llamado Estado Mayor Conjunto, liderado por Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, un hombre que ya advirtió que no se someterá a la justicia.
Asimismo, el informe destacó a otros jefes claves como José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito y Orozman Orlando Osten, alias Flechas, quienes manejan el negocio del narcotráfico y las estructuras militares.
De igual forma, la FIP resaltó el papel de Luis Armando Pérez, alias Bruno, el comandante político que hoy es la cara visible en los diálogos, a pesar de que antes era un desconocido para la opinión pública.
Finalmente, la Fundación Ideas para la Paz recordó que antes de este tropiezo diplomático con Estados Unidos, la mesa había logrado pactar acciones piloto en 15 municipios de Chocó y Antioquia para desvincular menores de edad y frenar la migración irregular.
El análisis subrayó que el compromiso más grande era la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en lugares como Unguía y Belén de Bajirá (Chocó) y Tierralta (Córdoba) para marzo de 2026.
Sin embargo, la FIP advierte que, con la nueva designación de terroristas, es muy difícil que estas zonas entren en funcionamiento a tiempo, dejando en el aire la promesa de desmovilización de miles de hombres.
Se oficializó el decreto para las ZUT
Pese a este escenario, el Gobierno nacional decidió avanzar. El 22 de diciembre de 2025, mediante la Resolución 471, se oficializó la creación de las ZUT para los integrantes del Clan del Golfo, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Según el Ejecutivo, la decisión se sustenta en el reconocimiento de un estado avanzado de las conversaciones sociojurídicas.
En este contexto, las zonas se convierten en una apuesta de alto riesgo: pueden ser un paso decisivo hacia una desmovilización real o profundizar las dudas sobre la coherencia y sostenibilidad de la política de paz frente a un grupo criminal de alcance transnacional.