Guerrero llegó a un preacuerdo con la Fiscalía tras admitir el delito de fraude procesal, relacionado con los títulos falsos de la Fundación San José anexadas e
BOGOTÁ— La Fiscalía General de la Nación confirmó en las últimas horas un avance decisivo en el proceso penal que se adelanta contra Juliana Guerrero, exaspirante a ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad. La imputada logró un preacuerdo formal con el organismo de control en el que acepta de manera libre e inequívoca su responsabilidad penal por la comisión del delito de fraude procesal.
De acuerdo con el material probatorio recabado por los investigadores, Guerrero anexó a su hoja de vida institucional certificaciones y títulos académicos falsos que la acreditaban como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, documentos supuestamente expedidos por la Fundación San José.
El alcance del preacuerdo y las sanciones
El preacuerdo suscrito entre la defensa de Guerrero y la Fiscalía establece una pena pactada de 3 años de prisión (36 meses) a cambio de la aceptación expresa de los cargos relativos a la falsificación y presentación de los diplomas para inducción a error a la administración pública.
El escándalo se desató cuando la aspirante buscaba posesionarse en la cúpula directiva del viceministerio de las Juventudes dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad. Tras las verificaciones de rigor y denuncias sobre irregularidades en la acreditación de idoneidad y títulos de la Fundación San José, la Fiscalía inició los actos urgentes que permitieron comprobar la falsedad de la documentación aportada en el proceso de nombramiento.
Impacto institucional
La admisión de delitos por parte de Juliana Guerrero cierra uno de los capítulos más controvertidos en materia de contratación e idoneidad de altos funcionarios del Ejecutivo. El preacuerdo firmado deberá ser sometido en los próximos días ante un juez de conocimiento para su debida legalización y la posterior emisión del sentido de fallo condenatorio.
Con esta decisión judicial, el ente fiscalizador ratifica la persecución a las conductas punibles asociadas a la alteración de hojas de vida y falsedad documental en el ejercicio de la función pública.