Tribunal de Bolívar suspende la intervención de Coosalud EPS y ordena devolver su administración a sus directivos. Procuraduría investiga a su presidente.
El Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió la intervención de Coosalud EPS y ordenó devolver la administración de la entidad a sus antiguos directivos, según informó El Colombiano. La entidad deberá ser entregada a Jaime Miguel González Montaño, como representante legal presidente, y a Natalia Largo González, como suplente. Ambos la administraban antes de la intervención, que el Gobierno de Gustavo Petro ordenó en noviembre de 2024 y que fue prorrogada en ese mismo mes de 2025.
La decisión también ordena comunicar a la Contraloría y a la Procuraduría para que ejerzan acompañamiento y vigilancia administrativa, financiera y técnica sobre el funcionamiento de la EPS. El Tribunal ya había tomado esta decisión en abril, pero no se cumplió.
Según el abogado Julián Quintana, quien representa a Jaime González Montaño, el proceso de entrega se detuvo por instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud. Quintana afirmó en su cuenta de X que el interventor les comunicó que había recibido la orden de no entregar nada. «El gobierno de Gustavo Petro se niega a entregar la EPS Coosalud», escribió.
Por otro lado, la Procuraduría abrió el 5 de agosto de 2026 una investigación disciplinaria contra Jaime Miguel González Montaño, presidente de Coosalud EPS, y siete miembros de su junta directiva. El caso busca establecer si hubo irregularidades en operaciones financieras prohibidas por la regulación en salud. La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública examina pagos a terceros, una posible concentración en la dispersión de recursos y un contrato de coworking, todos de la vigencia 2024. Por ahora, la Procuraduría no ha tomado decisiones sobre los involucrados.
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