Fiscalía investiga a la jueza Miryan Alcira Martínez López por un presunto pacto de 1.200 millones de pesos para liberar a un extraditable en Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación investiga un presunto pacto entre la jueza de control de garantías de Bogotá Miryan Alcira Martínez López, el funcionario del Centro de Servicios Judiciales Waldo Garavito Mejía y la abogada Emperatriz Herrera Cuenca. Según la investigación, los tres habrían acordado un pago de 1.200 millones de pesos para usar un hábeas corpus y lograr la libertad del ciudadano neerlandés Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, requerido en extradición. Los tres fueron capturados en Bogotá y Cota por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.
De acuerdo con la Fiscalía, el acuerdo contemplaba un primer pago de 600 millones de pesos, que la abogada habría entregado a la jueza el 4 de junio de 2026. Al día siguiente, la jueza le habría enviado una fotografía de un formato de libertad con los datos del extranjero, como posible evidencia del pacto. La Fiscalía señala que la abogada y el funcionario habrían coordinado la presentación de un hábeas corpus durante un fin de semana en que la jueza estuviera de turno, para que el trámite llegara directamente a su despacho.
El 13 de junio, Martínez López concedió el recurso y ordenó la libertad inmediata del extranjero. Como argumento, sostuvo que habían transcurrido 109 días desde su captura sin resolverse el trámite de extradición, cuyo plazo límite estimó en 60 días. Para la Fiscalía, la funcionaria no tenía competencia para resolver la solicitud. El 18 de junio, otro funcionario judicial revocó la decisión, y Van der Voort permaneció detenido mientras avanza su proceso de extradición.
En la audiencia de imputación de cargos, en un caso que la Fiscalía denominó "vendiendo la justicia al narcotráfico", la jueza pidió la palabra y dijo que los jueces están expuestos a investigaciones penales y disciplinarias y a la privación de la libertad por la firma que dan como jueces. Según Martínez López, siempre ha defendido esas posturas y se ha capacitado para "ejercer una recta administración de justicia". También habló de una presunta negligencia de un funcionario de la Corte Suprema de Justicia que no respondió a una juez constitucional durante un fin de semana, lo que, según su relato, llevó a incluir una respuesta en el trámite de hábeas corpus.
Al final de su intervención, la jueza pidió al juez que, si procede, la medida de aseguramiento que le imponga sea privativa de la libertad en su lugar de residencia. Según Martínez López, los motivos de la fiscal para pedir su encarcelamiento no son suficientes, porque la fiscal sustentó el riesgo en actuaciones que involucran a la abogada y no a ella. Ninguno de los señalados aceptó los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público, por lo que las audiencias continuarán hasta que el juez decida.
Foto: Luis Alvaz / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).