HRW alertó en el Congreso que el 30 % de los menores reclutados tiene entre 10 y 14 años y criticó la falta de un registro único.
BOGOTÁ — Durante un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la directora de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Juanita Goebertus, presentó un severo diagnóstico sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y estructuras criminales en Colombia. La vocera alertó que el país atraviesa por uno de los momentos más críticos del fenómeno en los últimos años, panorama agravado por la falta de un registro único estatal y por profundas fallas en la articulación de las políticas de seguridad y atención social.
En su exposición, la excongresista y defensora de derechos humanos reveló una preocupante tendencia a la baja en la edad de las víctimas captadas por la criminalidad. Mientras que históricamente el enrolamiento se concentraba en adolescentes de 15 y 16 años, las investigaciones de campo de la organización identificaron que al menos el 30 % de los menores reclutados recientemente tienen entre 10 y 14 años, situación que compromete de forma severa el desarrollo y los derechos fundamentales de la infancia.
Fallas en el registro estatal y vacíos en la política pública
Goebertus cuestionó la falta de coordinación institucional para medir la verdadera magnitud del problema, señalando que Colombia carece de un sistema unificado para sistematizar el universo real de víctimas, lo que genera un evidente subregistro. Explicó que mientras el Ministerio de Defensa solo contabiliza a los menores que logran escaparse o que son rescatados por la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo —bajo la gestión de Iris Marín— ha tenido que reconstruir las cifras de manera retrospectiva a partir del relato de las víctimas desvinculadas sobre el año en que fueron reclutadas.
Asimismo, la directora de HRW criticó el estado desactualizado de la política de prevención de 2018, diseñada para un contexto de conflicto distinto al actual, caracterizado por la presencia hostil de crimen organizado en los territorios. Señaló que durante la administración anterior se perdió tiempo valioso debido al desorden institucional causado por el intento inicial de cerrar la Consejería de Derechos Humanos, lo que impidió consolidar un Plan de Acción Cuatrienal concreto para responder a la emergencia.
"Hoy Colombia no tiene un registro único de niños y niñas reclutados, de niños y niñas usados por la criminalidad que nos permita tener un universo claro, si acaso hay subregistro", sostuvo Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas.
El rol de las comunidades y la regulación a plataformas digitales
Respecto a los procesos de búsqueda y desvinculación, HRW resaltó que las comunidades locales, especialmente las poblaciones indígenas, son las que mejor realizan estas labores gracias al conocimiento del territorio, la confianza social y la inteligencia de primera mano, por lo que instó al Estado a respaldar de manera directa sus esfuerzos. De igual forma, hizo un firme llamado al Congreso para regular por la vía legislativa a las redes sociales, superando la lógica de la autorregulación voluntaria para obligar a las plataformas digitales a modificar sus algoritmos y diseños con el fin de frenar la publicación de contenidos que buscan atraer a los menores hacia las filas armadas.
Diagnóstico y alertas de HRW sobre el reclutamiento infantil
ABC de la Noticia: Claves de las advertencias de HRW en el Congreso
¿Qué ocurrió / Dónde ocurrió?: Human Rights Watch presentó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en Bogotá un balance sobre las falencias en la atención del reclutamiento infantil.
¿Quiénes son los implicados / afectados?: Menores de entre 10 y 14 años (30 % de los casos recientes), grupos armados ilegales, el Gobierno Nacional y las plataformas digitales.
¿Cuál es el saldo o la cifra oficial?: Ausencia de un registro único estatal y un descenso comprobado en la edad de las víctimas reclutadas.
¿Qué acciones tomó la autoridad o entidad?: La Defensoría del Pueblo avanza en la actualización retrospectiva de cifras, mientras HRW pidió al Congreso un observatorio real y leyes para controlar redes sociales.
¿Qué sigue en el proceso o investigación?: La necesidad de actualizar la política pública de prevención de 2018 y exigir cambios técnicos a las plataformas digitales para frenar el enrolamiento.