La Fiscalía investiga a Autos Italianos de Colombia por estafa y otros cinco delitos tras denuncias de compradores de Ferrari en Bogotá por vehículos no entrega
La Fiscalía General de la Nación abrió un proceso por estafa, hurto, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir contra Autos Italianos de Colombia S.A., sus antiguos socios y la firma que adquirió sus acciones. Según reseña Infobae Colombia, la investigación surge de denuncias de compradores que pagaron vehículos Ferrari que permanecen en una zona franca de Panamá, y de recursos que, según dicen, no les fueron restituidos. Los clientes aseguran haber transferido hasta 2.200 millones de pesos cada uno antes de que la marca italiana cancelara la representación de la concesionaria en Colombia y Panamá, según documentos obtenidos por El Tiempo.
La causa está en la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía. Está dirigida contra Autos Italianos de Colombia S.A., sus socios Jorge Enrique Carvajales Orozco y los mexicanos Sergio de la Vega y Erik Stolberg, y contra Alfonso Salume, señalado como nuevo adquirente de la compañía. También fue denunciada Autos de Alta Gama Holdings, que terminó con las acciones de la anterior representante de Ferrari en el país.
La matriz de Ferrari retiró la representación a la concesionaria, ubicada en la calle 103 con carrera 19, en el norte de Bogotá, luego de que fuera vendida a terceros sin autorización. La medida suspendió la entrega de varios automóviles ya pagados total o parcialmente. Los responsables del establecimiento, que también ofrecía servicios de mantenimiento y taller, sostienen que vendieron la concesión por una deuda y que responderán por los recursos recibidos. Los empresarios involucrados niegan conductas irregulares.
Uno de los casos conocidos por El Tiempo se remonta a enero de 2025, cuando un cliente compró un Ferrari 296 GTS HB modelo 2024 por 560.000 dólares, equivalentes entonces a unos 2.271 millones de pesos. De ese monto, 479.000 dólares correspondían al valor neto facturado y 80.000 dólares a impuestos de nacionalización y trámites aduaneros. Después, la concesionaria calculó los costos reales de importación y fijó un saldo de 72.000 dólares, unos 285 millones de pesos, que debía quedar bajo custodia para cubrir tributos. Otro empresario vinculado al sector de los restaurantes presentó una denuncia con hechos similares. Ambos compradores coinciden en que Autos Italianos de Colombia recomendó trasladar los vehículos a una zona franca panameña para facilitar gestiones comerciales, pero las ventas no se concretaron y los automóviles quedaron en una bodega del istmo.
Foto: Javier Benítez / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).