El ministro Iván Cancino anuncia nuevas cárceles financiadas con venta de bienes improductivos del Estado. Hacinamiento carcelario en 94,34 %, según la Corte Co
El ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó en una audiencia pública de seguimiento realizada en el Palacio de Justicia, ante la Corte Constitucional, que el gobierno de Abelardo de la Espriella impulsará la construcción de nuevas cárceles para enfrentar la crisis del sistema penitenciario. El pronunciamiento se dio en la revisión del estado de la emergencia carcelaria, que la Corte declaró como Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en 2013 por las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de los reclusos. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez precisó que la tasa de hacinamiento ha disminuido en los últimos tres años, pero sigue en niveles críticos.
Según las cifras presentadas por la Corte Constitucional, el sistema penitenciario tiene capacidad para 9.686 personas y alberga a 18.824, lo que representa una sobreocupación de 9.138 internos y una tasa de hacinamiento del 94,34 %. La cifra es inferior a años previos, cuando el indicador superó el 134 %. Cancino explicó que el gobierno busca financiar los nuevos centros penitenciarios con la venta de activos improductivos del Estado, cuyo inventario ya se inició en articulación con el Ministerio de Hacienda.
El ministro indicó que varias obras penitenciarias ya estaban en marcha desde gobiernos anteriores y que el actual gobierno planea culminarlas y entregar las pendientes. Anunció que la cárcel de Riohacha será inaugurada antes de que termine noviembre y que la cárcel de La Sabana estará lista antes de lo previsto. Sobre seguridad y control, resaltó que el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha coordinado megaoperativos contra hechos irregulares en las cárceles, y dijo que el objetivo es erradicar la necesidad de este tipo de intervenciones con fortalecimiento institucional y tolerancia cero frente a la corrupción. Cancino añadió que cualquier acto irregular conocido será objeto de los procedimientos administrativos y judiciales necesarios, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Foto: La Opinión.