La JEP condena al coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez a seis años y tres meses de prisión por falsos positivos en Valledupar con 38 víctimas.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso el 22 de octubre de 2026 una pena de seis años y tres meses de prisión al coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez, por 24 hechos que dejaron 38 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Valledupar, Cesar, según reseña Infobae Colombia. El tribunal aplicó una sentencia de reconocimiento tardío, porque el exoficial aceptó su responsabilidad una vez iniciada la actuación judicial. La decisión tiene como ponente al magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez.
Los hechos ocurrieron entre 2004 y 2005 en el Batallón de Artillería La Popa, que Figueroa dirigía en ese momento. Según la JEP, civiles fueron asesinados y luego presentados como guerrilleros muertos en combate. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP llevó el caso a juicio, y la Sección de Ausencia de Reconocimiento lo tramitó. Figueroa participó después en diligencias públicas ante las víctimas, en las que pidió perdón.
Además de la privación de la libertad, el fallo fijó 11 obligaciones restaurativas, entre ellas acciones para reivindicar públicamente el nombre de las víctimas, entregar información que contribuya a la búsqueda de personas desaparecidas y participar en actos de memoria en la región Caribe. La JEP ordenó que la sanción alternativa se cumpla en un establecimiento especial de reclusión. La medida se diferencia de las sanciones propias que la jurisdicción aplica a quienes reconocen responsabilidad de manera temprana.
Durante la audiencia restaurativa realizada en Valledupar el 27 de agosto de 2026, el coronel retirado reconoció su responsabilidad por hechos ocurridos durante su comandancia del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, que dirigió entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005. Según la UIA, en ese periodo ocurrieron 24 hechos victimizantes que dejaron 38 personas asesinadas, además de 11 casos de desaparición forzada y nueve de tortura. Entre las víctimas está Nohemí Pacheco Zabatá, una niña indígena Wiwa de 13 años asesinada y presentada falsamente como baja en combate. Algunos cuerpos fueron sepultados como no identificados en cementerios de Codazzi y Valledupar. Las víctimas incluyen campesinos, jornaleros, jóvenes que salieron a buscar trabajo, integrantes de los pueblos Kankuamo y Wiwa, y menores de edad.
El magistrado Sánchez Sánchez explicó que la audiencia no busca reabrir el debate probatorio, sino propiciar el diálogo y reparar el daño. Afirmó que quienes aceptan verdad y responsabilidad de manera plena y oportuna pueden recibir sanciones propias, sin privación de la libertad. Dijo: «La pregunta que debo responder no es solamente “qué ordené”, también debo responder qué autoridad tenía, qué información recibí, qué debía controlar, qué debía impedir y qué dejé de hacer». Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación pidió a la JEP condenar al coronel (r) David Herley Guzmán por los asesinatos de tres menores y otras 14 víctimas de falsos positivos presentados como bajas en combate. El Ministerio Público solicitó que, antes de decidir sobre el exuniformado, se esclarezcan otros cinco hechos que quedaron sin acusación.
Foto: JEP 22 Oct, 2026 12:19 p vía Infobae.