General Federico Mejía Torres, imputado por la Fiscalía, figura en el Decreto 1591 de ascensos de 40 oficiales de las Fuerzas Militares. Detalles del caso.
El brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, excomandante del Comando Específico del Ejército en el Cauca (CECAU), aparece en el Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026, con el que el Gobierno nacional da luz verde al trámite de ascensos de 40 oficiales de las Fuerzas Militares. Según el decreto, el ascenso de Mejía Torres al grado de mayor general se haría efectivo el 1 de diciembre próximo. El documento incluye la promoción de 18 brigadieres generales a mayor general o vicealmirante, y de 22 oficiales a brigadier general o contralmirante.
En septiembre pasado, la Fiscalía General de la Nación imputó a Mejía Torres los delitos de prevaricato por acción, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y favorecimiento. El general no aceptó los cargos. La investigación lo señala por presuntamente haber ordenado la libertad de un narcotraficante.
De acuerdo con la Fiscalía, el 31 de enero de 2024, unidades del Ejército detuvieron en la mañana, en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, a Milciades Guaca Armero, capturado en flagrancia con 4,5 kilogramos de lo que sería pasta base de coca. El hombre fue trasladado a Popayán para su judicialización, pero luego habría sido devuelto por vía aérea a El Plateado por orden del entonces comandante del CECAU, quien presuntamente consideró improcedente la captura. Según los elementos materiales probatorios, el oficial coordinó los recursos logísticos y operacionales para el desplazamiento en un helicóptero UH-60 de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional, con apoyo aéreo FAC-4125. La Fiscalía sostiene que esa actuación impidió poner al capturado a disposición de la autoridad judicial y que la pasta base de coca se sometiera a incautación y cadena de custodia.
La Fiscalía también señala que, como comandante, Mejía Torres habría elaborado dos informes, del 19 de octubre de 2025 y del 10 de marzo de 2026, con información falsa sobre las circunstancias del retorno del capturado. Según la investigación, esos documentos buscaban inducir en error a los funcionarios que verificaban la legalidad de lo ocurrido y que adelantaron actuaciones administrativas y disciplinarias con base en un relato que no correspondería con lo sucedido.
Foto: X: @COL_EJERCITO.