Defensoría critica estatuto antiterrorista y advierte condena anticipa

Por Redacción Acento

La Defensoría del Pueblo, con Iris Marín, critica el estatuto antiterrorista del Gobierno y su registro de personas y organizaciones terroristas. Detalles.

Defensoría critica estatuto antiterrorista y advierte condena anticipa

La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó el proyecto de estatuto antiterrorista del Gobierno por usar definiciones muy amplias, dar un peso excesivo al Ejecutivo y limitar garantías de debido proceso. Según informó El Tiempo · Justicia, la entidad comparte la necesidad de combatir el terrorismo. El proyecto, presentado por el exministro del Interior Rodrigo Lara, fue aprobado en el Consejo de Política Criminal con 11 votos a favor y tres en contra. Los votos negativos fueron los de la Corte Suprema de Justicia, un congresista y la Defensoría del Pueblo.

Marín afirmó que la entidad conoce "de primera mano" las consecuencias de la violencia en los territorios donde los grupos armados controlan la vida de las comunidades. Aun así, advirtió que el proyecto podría generar restricciones muy amplias de derechos y afectar la separación de poderes. Su valoración coincide con la del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, magistrado Carlos Roberto Solórzano, quien considera que el proyecto persigue un fin constitucionalmente legítimo, pero que su armonía con la Constitución depende de ajustes.

El mayor riesgo, según la Defensoría, está en el Registro de personas y organizaciones terroristas. Una vez una persona entra al registro, su nombre se hace público, y el registro permite bloquear bienes de inmediato, mientras los controles judiciales llegan después. Marín señaló que la publicación de nombres de personas no condenadas puede poner en riesgo su seguridad y la de sus familias, y que los casos de homonimia pueden afectar cuentas bancarias, salarios o pensiones. La inclusión, dijo, debe apoyarse en elementos objetivos, concretos y verificables, y no puede basarse solo en el parentesco, en vivir en una zona con presencia de grupos armados o en información anónima. "La inclusión en un registro de esta naturaleza no puede convertirse en una condena anticipada ni trasladar a las personas la carga de demostrar que no son terroristas", indicó.

Foto: La Opinión.