La Supersalud ordenó la intervención forzosa por un año del Hospital Departamental de San Andrés, que atiende a más de 60.000 usuarios.
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenó la intervención forzosa por un año del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que atiende a más de 60.000 usuarios. Según informó Infobae Colombia, la medida responde a incumplimientos documentados desde 2022 en los planes de mejoramiento, fallas en la atención, riesgos para los pacientes y deficiencias administrativas y financieras. La entidad designó a la médica Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora.
Las falencias se detectaron en inspecciones realizadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. De los 59 servicios habilitados en este hospital de tercer nivel de complejidad, 13 no se prestaban. El centro tampoco garantizaba de forma permanente especialidades como cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología. Según la entidad, el hospital cuenta con un solo cirujano general para atender simultáneamente varios servicios, hay pacientes en lista de espera quirúrgica con más de un año y 3.676 estudios de radiología están pendientes de lectura.
La Supersalud también encontró deterioro de la infraestructura, deficiencias estructurales y operativas críticas, y equipos en condiciones inadecuadas. Además, halló fallas en protocolos de bioseguridad relacionados con la prevención de infecciones, la limpieza y desinfección, la esterilización, la seguridad transfusional y el laboratorio clínico. En el suministro de medicamentos, el hospital registraba faltantes de medicamentos e insumos esenciales y no tenía un control adecuado de inventarios, dispensación, almacenamiento y conservación. Pese a un anticipo del 50 por ciento por $858 millones para una máquina de tratamiento de residuos biológicos, el equipo no se ha entregado porque el hospital no ha hecho las adecuaciones físicas para instalarlo.
En lo financiero, la entidad encontró problemas de sostenibilidad y falta de confiabilidad en los estados financieros, lo que impide establecer con certeza la situación económica del centro. El hospital acumulaba un rezago de facturación cercano a los $3.605 millones, según información reportada hasta diciembre de 2025, y no había implementado acciones efectivas de recaudo. El estudio técnico concluyó que estas dificultades, sumadas a fallas de dirección, asistenciales y administrativas, generan riesgos para la continuidad operativa del hospital. La intervención se suma a 30 órdenes impartidas el 8 de octubre a la Gobernación del Archipiélago y a la gerencia hospitalaria, con el fin de restablecer la dirección y el control institucional, proteger la atención médica y salvaguardar los recursos públicos.
Foto: Gobierno de Colombia vía Infobae.