El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Carlos Carrillo rectificar en 48 horas sus declaraciones que vinculaban al exsenador Carlos Andrés Trujillo con la corru
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, rectificar las afirmaciones públicas con las que vinculó al exsenador conservador Carlos Andrés Trujillo con presuntos hechos de corrupción en esa entidad. La decisión, según informó Semana · Política, se tomó en un fallo de segunda instancia de la Sala Civil de Decisión, que revocó parcialmente una sentencia del Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá y amparó los derechos de Trujillo a la rectificación, la honra y el buen nombre. La acción de tutela fue presentada por el excongresista, quien alegó que las declaraciones del funcionario afectaron sus derechos fundamentales.
Carrillo tiene un plazo de 48 horas, contadas desde la notificación de la sentencia, para rectificar en condiciones de equidad y con un despliegue equivalente al de las publicaciones originales. Deberá indicar expresamente que no cuenta con evidencia ni elementos probatorios que vinculen al exsenador con los hechos de corrupción relacionados con la UNGRD. El Tribunal también le previno para que se abstenga de reiterar afirmaciones similares contra Trujillo que carezcan de fundamento probatorio.
El Tribunal se basó en la diferencia entre lo que Carrillo dijo en público y lo que manifestó ante la justicia. El 10 de julio de 2026, en una entrevista con el programa de Juanpis González, lo señaló como «el cerebro del desfalco de la UNGRD». Sin embargo, el 16 de octubre de 2024, ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que su conocimiento era indirecto y provenía de medios de comunicación, y reconoció que no tenía pruebas documentales sobre la participación de Trujillo en esquemas de corrupción. Para el Tribunal, no era coherente formular esas acusaciones públicas y después reconocer ante las autoridades que no existían pruebas. La primera instancia había concedido el amparo del derecho de petición, pero negó la rectificación al considerar que no se había demostrado una atribución directa y categórica de delitos y que algunas publicaciones correspondían a titulares elaborados autónomamente por medios de comunicación. Al resolver la impugnación, el Tribunal concluyó que las declaraciones examinadas podían afectar los derechos fundamentales del exsenador.
Foto: Bernard Gagnon / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).