Unidiplo pide a la Contraloría investigar a cuatro excancilleres de Petro por presunto detrimento patrimonial en nombramientos diplomáticos anulados.
La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) presentó ante la Unidad de Responsabilidad Fiscal e Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría una queja de responsabilidad fiscal contra los excancilleres del gobierno de Gustavo Petro Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia y Rosa Yolanda Villavicencio, por presunto detrimento patrimonial al erario, según informó El Tiempo · Política. El documento, de 25 páginas, se basa en el nombramiento sistemático y reiterado, en provisionalidad, de personas ajenas a la carrera diplomática, sin cumplir los requisitos legales y pese a la disponibilidad de funcionarios de carrera. Para el sindicato, las actuaciones de los exministros habrían dado lugar a conductas dolosas o, al menos, gravemente culposas.
La queja también incluye a seis exdirectores de Talento Humano de la Cancillería: Silvia Carrizosa, Lina Luna, Diana Morales Rueda, Luz Ángela Cendales Durán, Carlos Arley Orozco y Eliana Paola Salguero. Según el sindicato, entre 2022 y 2026 se presentaron más de 100 procesos judiciales de nulidad electoral contra actos de nombramiento de la Cancillería, y la mayoría de las decisiones judiciales fueron favorables a la carrera, con la anulación de los nombramientos cuestionados. Un derecho de petición respondido por la Cancillería, anexo a la queja, indica que en ese periodo se demandaron 129 actos de nombramiento: 40 de consejeros de Relaciones Exteriores, 36 de segundos secretarios, 21 de primeros secretarios, 14 de embajadores, 6 de terceros secretarios, 5 de ministros consejeros, 2 de viceministros, 2 de ministros de Relaciones Exteriores, 2 relacionados con funcionarios provisionales y de carrera, y 1 de una comisión de servicios.
Según el escrito, la mayoría de estos nombramientos habría generado un detrimento patrimonial al comprometer recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de su Fondo Rotatorio. El perjuicio se relaciona principalmente con los gastos de traslado de los funcionarios al exterior y de su retorno a Colombia, y en algunos casos con pagos duplicados. Unidiplo sostiene que estos costos, que incluyen tiquetes, prima de instalación, viáticos y menaje doméstico, se repiten cuando el nombramiento es anulado y el cargo debe proveerse con un funcionario de carrera. El sindicato considera que esto configura una gestión fiscal antieconómica e ineficiente, imputable a título de dolo o, al menos, de culpa grave. Por ello pide a la Contraloría iniciar una investigación fiscal y requerir a la Cancillería que cuantifique el detrimento y entregue la información sobre los costos de traslado y reintegro pagados por nombramientos anulados.
Unidiplo explica que los ministros de Relaciones Exteriores son gestores fiscales porque, como jefes de la Cancillería, toman decisiones sobre el manejo de sus recursos, y que los actos de nombramiento se pagan con cargo a esos presupuestos y son firmados por ellos. Los directores de Talento Humano, según el sindicato, certifican que no hay personal de carrera disponible para los cargos, por lo que sus decisiones impactan directamente el patrimonio del ministerio y su Fondo Rotatorio. El sindicato sostiene que los nombramientos no obedecen a ignorancia o actos involuntarios, pues la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado fija las reglas para nombrar personas por fuera de la carrera, y que los funcionarios "con conocimiento de causa optaron por realizar nombramientos ilegales".
Foto: Fotografía oficial de la Presidencia de Colombia / Wikimedia Commons (Public domain).